Internacional
OEA emplaza a Maduro a cancelar elecciones presidenciales del 22 de Abril
OEA solicita a Maduro cancelar elecciones presidenciales del 22 abril: La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó hoy una resolución que emplaza al gobierno de Venezuela a cancelar las elecciones presidenciales del 22 de abril y propone otros comicios «justos, libres y con observación internacional».
La resolución se aprobó, pese al rotundo rechazo de Venezuela y Bolivia a que se celebrara la reunión, por 19 votos, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias.
Esta es la primera sesión en la OEA sobre Venezuela desde la asamblea que el organismo celebró en Cancún (México) en junio del año pasado, donde el bloque caribeño salvó a Caracas de una resolución de condena regional.
El viceministro de Venezuela para América del Norte y representante en la ONU, Samuel Moncada, acudió a la OEA para protestar por la convocatoria de esta sesión al considerar que tiene como «único propósito linchar a Venezuela».
«El objetivo es reiniciar una ola de violencia desde este lugar. (…) Y hay tantos problemas en la región, el caso de Honduras (las denuncias de fraude electoral) nunca estuvo aquí, con la gravedad que tuvo», señaló el diplomático.
Moncada dejó claro que su gobierno rechaza tanto la convocatoria de la reunión como los resultados que de ella se desprendan.
Uno de los impulsores de la sesión, el embajador mexicano en la OEA, Jorge Lomonaco, defendió que se trata de una «cuestión apremiante» y de «circunstancias excepcionales», por lo que «la OEA debe actuar ahora, ya que el silencio es complicidad».
Moncada le replicó que «no hubo nada más apremiante» que «cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Venezuela con una invasión militar», y la OEA, sin embargo, «mantuvo silencio, complicidad».
Solo Bolivia salió en defensa de Venezuela, mientras que aliados de Caracas como Ecuador y varias naciones caribeñas mantuvieron el silencio.
El embajador boliviano, Diego Pary, además de argumentar que la convocatoria de la sesión no se ajusta al reglamento de la OEA, denunció que «hay otros problemas en el continente de los que el Consejo no se ha dado por enterado», incluso, subrayó, «problemas dentro de la organización».
El Consejo Permanente comenzó a las 10.20 hora local (15.20 GMT) en la sede de la OEA en Washington a solicitud de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Panamá y Santa Lucía.
En la resolución propuesta, estos países «consideran» que la convocatoria de comicios presidenciales para el 22 de abril «imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales».
Resuelven, así, «exhortar al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria prematura de elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble».
Además, piden que las elecciones «incluyan la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase», «observadores internacionales» y «un Consejo Nacional Electoral (CNE) cuya composición garantice su independencia y autonomía».
Para su aprobación, la resolución necesita el apoyo de 18 países de la OEA, la mayoría simple de los 35 Estados miembros. La resolución obtuvo 19 votos, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias.
Esta es la primera reunión en la OEA sobre Venezuela desde la asamblea que el organismo celebró en Cancún (México) en junio del año pasado, donde el bloque caribeño salvó a Caracas de una resolución de condena regional.
ACN/EFE/diarios
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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