Nacional
Muere otro preso con síntomas de covid, denuncia Una Ventana a la Libertad
Falleció otro preso con síntomas de covid, según lo dio a conocer la ONG Una Ventana a la Liberta (UVL); que agregó que el detenido se encontraba en una celda de sede del CICPC de Maturín, sin que fuera traslado a un hospital.
El hombre respondía al nombre de Joel Antonio Toro Arcia, de 41 años y, según sus familiares, llevaba días con fiebre y dificultad respiratoria, pero «no fue llevado por la asistencia médica al hospital a pesar de la insistencia de sus compañeros de celda»; asegura UVL en un comunicado.
«La madrugada de este miércoles, sus compañeros notaron que no tenía signos vitales e informaron a los funcionarios de guardia. Posteriormente, su cadáver fue trasladado hasta la morgue del hospital de Maturín y, desde allí, hasta el cementerio municipal para ser sepultado en una fosa común«; agrega el texto.
Falleció otro preso con síntomas de covid
Toro Arcia estaba recluido en los calabozos de la subdelegación Maturín del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Según los datos de los que dispone UVL, Toro Arcia es el segundo preso que muere este año en los calabozos de la subdelegación de Maturín del CICPC con síntomas de covid-19.
Carlos Andrés Brito, de 50 años, murió el pasado 23 de mayo; tras presentar síntomas asociados a la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.
El acta de defunción de Brito recoge que «presentó insuficiencia respiratoria por sospecha del virus»; aclaró la ONG.
Otros detenidos con síntimas
Tras su muerte, los familiares de otros reclusos denunciaron, sin precisar cantidad, «que había un grupo de detenidos con pérdida de olfato y gusto, pero que no habían sido diagnosticados por falta de asistencia médica», añade UVL.
También mencionaron que «la última jornada de salud que se efectuó fue en enero antes de que se cambiara a la directiva regional».
ACN/MAS/EFE
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Nacional
Campamentos en Caraballeda y El Junquito reciben atención defensorial
Con el objetivo de constatar las condiciones de las familias afectadas por los terremotos, la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, encabezó un despliegue de las brigadas defensoriales en el campamento transitorio habilitado en el Campo de Golf de Caraballeda.
La jornada priorizó el resguardo integral, la recreación y la atención formativa de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abrigo temporal.
Durante la jornada en la costa varguense, la titular del organismo defensorial enfatizó que el despliegue busca además de constatar las condiciones de la estancia de los menores de edad, brindar un espacio de atención, recreación y esparcimiento para ellos, como elemento fundamental en el momento de emergencia que atraviesan.
Verificación de servicios y derechos en El Junquito
El operativo se extendió hacia el Área Metropolitana de Caracas, donde una comisión liderada por el representante defensorial Bruno Gallo recorrió la Unidad Educativa Luis Hurtado Higuera, ubicada en el kilómetro 12 de El Junquito.
En este espacio permanecen albergadas cerca de 300 personas —entre ellas un centenar de niños y adolescentes provenientes de Playa Grande y de los kilómetros 7 y 11— tras quedar damnificados por el evento sísmico del pasado 24 de junio.
En el recorrido por este campamento transitorio se constató que los menores se encuentran acompañados por sus núcleos familiares, por lo que no ha sido necesaria la aplicación de medidas de protección por parte del Consejo de Protección local.
Asimismo, el equipo corroboró la garantía de derechos fundamentales como la salud, alimentación y la atención a personas con discapacidad física, quienes cuentan con certificación del Conapdis y tratamiento especializado.
El campamento dispone de personal médico permanente durante el día y un protocolo de traslado en ambulancia para emergencias nocturnas. En el marco de la proximidad del Día del Niño, la institución entregó material deportivo para incentivar la práctica del fútbol entre los jóvenes albergados.
Asistencia en el Liceo Andrés Bello
La ruta de supervisión concluyó en las instalaciones del Liceo Andrés Bello, en la avenida México de la capital, donde reciben cobijo aproximadamente 400 familias.
En este punto, las autoridades verificaron la articulación entre distintas carteras ministeriales para asegurar la seguridad, alimentación y el cuidado prioritario a embarazadas, adultos mayores y personas con condiciones especiales.
La Defensoría del Pueblo ratificó que las brigadas defensoriales continuarán en terreno haciendo seguimiento sobre la protección, articulación y defensa de los derechos fundamentales de la población venezolana durante las distintas fases de la emergencia.
Con información de nota de prensa
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