Internacional
Indocumentados protegidos por el TPS no son elegibles a la green card
A través de una decisión unánime, la mañana del lunes 7 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio a conocer que aquellos migrantes indocumentados que se encuentran en territorio norteamericano bajo la protección del ‘Estatus de protección Temporal’ (TPS por sus siglas en inglés) no serán elegibles para solicitar la ‘green card’, tarjeta que les otorga la residencia.
Corte de EEUU falla contra migrantes con TPS
Según el tribunal de mayor rango en Estados Unidos, los protegidos del TPS no podrán solicitar la ‘green card’ ya que, aunque temporalmente se encuentran protegidos de la deportación, ingresaron de manera ilegal al país por lo que no pueden quedarse “permanentemente” en la Unión Americana, aún si llevan años viviendo aquí.
La jueza Elena Kegan indicó en el falló que estas personas, que ingresaron al país sin ningún tipo de permiso, y que ahora están amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS), no podrán solicitar a futuro la “green cards” para establecerse de forma permanente en la nación norteamericana.
“El programa TPS otorga a los extranjeros el estatus de no migrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión del TPS no hace que una persona con ingreso ilegal… sea elegible”, escribió en el fallo la jueza.
Al menos 400.000 inmigrantes en los Estados Unidos están amparados por el TPS.
Ciudadanos de países como Venezuela, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, El Salvador y Yemén están amparados por el TPS.
ACN/AS
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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