A 15 años de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, la violencia persiste en los penales venezolanos y 95 % de los fallecimientos registrados responde a la falta de atención médica adecuada, según la documentación recabada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La organización no gubernamental señaló que la gestión de las cuatro autoridades que han encabezado el despacho desde su fundación en julio de 2011 —Iris Varela, Mirelys Contreras, Celsa Bautista y el actual titular, Julio García Zerpa— no ha garantizado la transformación del sistema carcelario ni la protección de los derechos fundamentales de la población reclusa.

De acuerdo con el informe del OVP, la política oficial se ha limitado a la aplicación sucesiva de programas de emergencia como el Plan Cayapa Judicial (2012), los Planes de Abordaje Judicial y Atención Integral (2018–2023), el Plan de Defensa y Justicia Penitenciaria (2024–2026) y el reciente Plan por la Transformación Integral del Sistema de Justicia impulsado en 2026, los cuales no han resuelto el hacinamiento ni el retardo procesal.

Impacto de los cierres de penales y traslados masivos

El balance de la ONG destaca que el Ministerio ha ejecutado intervenciones y clausuras de importantes recintos carcelarios en el país, entre los que figuran los internados judiciales de Tocorón (Aragua), Tocuyito (Carabobo), Puente Ayala (Anzoátegui), La Pica (Monagas), Vista Hermosa (Bolívar), Trujillo, La Cuarta (Yaracuy), Apure, El Dorado (Bolívar) y el Centro de Formación Hombre Nuevo El Precursor.

El OVP indicó que estas medidas generaron traslados masivos que agravaron el hacinamiento en los centros receptores, al tiempo que dificultaron las visitas familiares y obstaculizaron el derecho a la defensa debido a las distancias geográficas.

Asimismo, la organización apuntó que la crisis penitenciaria involucra una responsabilidad compartida con el Poder Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

El informe denuncia fallas graves en la infraestructura, deficiencias en la alimentación, tratos crueles y la falta de investigaciones ante denuncias de violaciones a los derechos humanos en las cárceles.

Ante esta situación, el Observatorio Venezolano de Prisiones exhortó a los organismos del Estado a investigar la negligencia administrativa en la custodia de los reclusos, transparentar el presupuesto ejecutado por el Ministerio en sus 15 años de funcionamiento y aplicar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).