Internacional
Parlamento de Bolivia pide juicio en contra de Jeanine Áñez
El parlamento de Bolivia pidió un juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria Jeanine Áñez y procesos ordinarios contra una veintena de sus ministros y jefes militares y policiales; por genocidio y otros delitos derivados de masacres ocurridas tras su ascenso al poder.
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha aprobado este jueves el informe de la comisión especial que investigó los casos de Sacaba y Senkata; por lo que autoriza iniciar un juicio de responsabilidades en contra la presidenta saliente Jeanine Áñez, así como seis procesos penales más contra ella, once de sus ministros y siete oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Los cargos contra Áñez incluyen resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa; lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas, por los hechos ocurridos Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto, según informa el diario local El Deber.
https://twitter.com/SenadoBolivia/status/1321986442692829185
Dos juicios de responsabilidades contra Jeanine Áñez
La comisión especial del Parlamento de Bolivia recomendaba en su informe final iniciar dos juicios de responsabilidades contra Jeanine Áñez y miembros de su gabinete; por las masacres de manifestantes durante los primeros días de su gestión en 2019.
Dicho informe detallaba que por el caso de los sucesos en Sacaba, en El Alto, donde murieron al menos 36 personas; «se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jaenine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictiva».
Mientras que, por otra parte, la segunda causa está relacionada con la firma del decreto 4078 el 14 de noviembre de 2019, un día después de que Áñez jurara el cargo, cuando los conflictos y protestas se sucedían a lo largo de todo el país.
En concreto, el artículo 3 de esta medida eximía de responsabilidad a los militares, por lo que se acusa a Áñez de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Por esta causa, además, se enjuiciará a todos los ministros que firmaron el decreto, once en total.
Con la aprobación del informe, la Asamblea ha dado luz verde a iniciar un juicio ordinario contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa; Luis Fernando López, por los delitos de genocidio y asesinato, entre otros, así como contra el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante del Ejercito Williams Kaliman por los mismos delitos.
Los casos han sido derivados a la Fiscalía General del Estado (FGE), La Procuraduría General del Estado (PGE) y la Contraloría; que seguirán con las investigaciones y abrirán los procesos finalmente.
Soy inocente de todas las acusaciones
Por su parte, la presidenta interina aseguró este viernes desde su cuenta en Twitter; que es inocente de todas las acusaciones en su contra por lo que pidió «una investigación imparcial».
El MAS me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones, sólo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia. Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) October 30, 2020
ACN/ El deber
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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