Política
Gobierno liberó a otros dos «indultados» presos políticos
Otros dos presos políticos están libres por el «indulto» del Gobierno: Demóstenes Quijada, asesor del líder opositor Juan Guaidó, y el periodista Nicmer Evans; que se una a otros que ayer dejaron sus sitios de reclusión.
Tal como lo dio a conocer el Foro Penal, de los 110 «indultos» presidenciales, solo estaban detenidos medio centenar, considerados presos políticos; el resto estaba en la clandestina interna, exiliados o invitados en embajadas y una parte aún permanece fuera del país.
Quijada, también con nacionalidad española, se encontraba preso en un centro de reclusión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas; de donde salió acompañado por parientes y abogados entre abrazos y saludos.
Fue detenido el pasado 2 de abril en Caracas junto a Maury Carrero; también asesor de Guaidó, por la DGCIM y su caso, según el Parlamento, está «repleto de ilegalidades y violaciones al debido proceso. La orden de allanamiento fue emitida luego de que fue realizado y su defensa legal no ha podido acceder a su expediente».
Tras abandonar el centro de reclusión y cubierto con una mascarilla tapabocas, dijo a periodistas que salió «como un hombre aún más formado en las exigencias de la vida»; con ganas de seguir realizando su trabajo.
Otros dos presos políticos están libres
Demóstenes Quijada fue acusado de terrorismo; asociación para delinquir, tráfico de armas y explosivos; aseguró que no tiene «daño físico» y que solo quiere pasar tiempo con su familia y seres queridos. «Es lo quiero hacer en este momento», aseguró.
Por otra parte, y más allá de las distintas lecturas que ha recibido la decisión del Ejecutivo; celebró que «se está haciendo justicia con aquellos que han sido objeto de privación de libertad» como él.
Al ser preguntado acerca de si tenía algo que decir a Maduro respondió contundente: «No tengo nada que decirle».
Evans: «soy prueba de que hay presos políticos»
Por su parte, Evans aseguró a su salida que es «la prueba viviente de que hay presos políticos en Venezuela»; y está «siendo un factor para disuadir a la opinión púbica».
«Quisiera decir muchas cosas pero lamentablemente estoy obligado a no decir tantas como quisiera«; aseguró Evans.
Evans es periodista y politólogo, fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión; formó parte de varias formaciones políticas, entre ellas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el poder desde 1999, y por el que fue precandidato a diputado en el año 2010.
El pasado 13 julio, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron la casa de Evans, pero al no encontrarse en su domicilio, fue localizado posteriormente en otro lugar, donde fue informado de que estaba acusado de instigación al odio y fue preso.
Cabe recordar que anoche fueron liberados los diputados opositores Gilber Caro y Renzo Prieto; además de Roberto Marrero, entre otros.

Nicmer Evans, dice que la liberación prueba que hay presos políticos en el país. (Foto: EFE)
ACN(MAS/Agencias
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Política
Ocariz: A 33 días del sismo, la solidaridad no sustituye la responsabilidad del Estado
El dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz, cuestionó este lunes a la administración de Delcy Rodríguez por la falta de un plan público, detallado y verificable para la reconstrucción del estado La Guaira y demás entidades afectadas, a un mes y dos días del doblete sísmico registrado en la costa norte del país el pasado 24 de junio.
“¿Cuál es el plan? A 33 días de la tragedia no hay claridad. Países que han vivido situaciones similares como Japón, Chile, Nueva Zelanda o Estados Unidos presentan planes de reconstrucción a 10 años en las primeras tres semanas posteriores a un terremoto”, señaló Ocariz.
El vocero de la organización política sostuvo que el evento del 24 de junio marcó un antes y un después para la nación. Recordó que, según cifras oficiales, el saldo es de 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y 856 edificios afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.
“Detrás de cada número hay una familia, la pérdida de un hijo, de un hogar. No es un problema de números”, precisó.
En este sentido, reconoció el valor, la tenacidad y la solidaridad de la respuesta ciudadana, pero remarcó los límites del voluntariado:
“Hemos visto una inmensa calidad humana, pero la solidaridad de los venezolanos no puede sustituir la responsabilidad del Estado”.
Frente a los anuncios oficiales que calificó de «generales», Ocariz exigió respuestas concretas sobre el destino de los damnificados y las edificaciones en riesgo. Respecto a la vivienda y refugios, preguntó dónde se construirán las nuevas casas, bajo qué criterios de asignación y cuánto tiempo permanecerán las familias en esos espacios.
Asimismo, sobre los 856 edificios afectados, cuestionó cuáles son seguros, cuáles se demolerán y quién asumirá el costo de las reparaciones.
En relación con el financiamiento, indagó a cuánto asciende el presupuesto real, al tiempo que señaló que el fondo de 340 millones de dólares del FMI es insuficiente frente a las estimaciones del Banco Mundial, que calculan los daños en más de 20.000 millones de dólares. “¿Quién pondrá esos recursos y qué organismo los manejará?”, agregó.
Para abordar la contingencia con transparencia, Ocariz presentó una propuesta estructurada en cinco ejes clave:
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Registro público e informe técnico: un catastro abierto de inmuebles afectados y un estudio exhaustivo sobre las fallas de suelo en Vargas.
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Cronograma público de reconstrucción en tres etapas:
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Estabilización (0 a 6 meses): contempla limpieza de escombros, contención de zonas inestables y diseño técnico.
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Reconstrucción (6 a 24 meses): edificación de viviendas, rehabilitación de escuelas y obras mayores de infraestructura.
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Recuperación sostenible (2 a 5 años): prevé el desarrollo urbano, fortalecimiento institucional y prevención permanente.
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Fondo transparente: creación de un fondo de reconstrucción normado por ley.
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Incorporación de la academia: participación de colegios profesionales, sociedad civil y universidades, a la par de las acciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
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Atención integral: restablecimiento prioritario de servicios públicos, centros de salud y planteles educativos.
“Esto no es una postura política, es una visión de país. Médicos, bomberos, rescatistas y jóvenes han demostrado su disposición de colaborar. Nuestro compromiso es liderar y participar, pero el Estado debe actuar con claridad. Viene la etapa más difícil: reconstruir las viviendas, los servicios y, sobre todo, la confianza”, concluyó el dirigente.

Con información de nota de prensa
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