Internacional
Gobierno de Perú amplía estado de emergencia hasta el 30 de junio
El presidente Matín Vizcarra anunció un decreto supremo que el gobierno de Perú amplía estado de emergencia en el país hasta el 30 de junio.
El estado de emergencia entra en emergencia desde el lunes. “No es solo una prórroga, porque si bien la contiene (el decreto supremo) tiene toda una estrategia con respecto al combate al virus”, dijo en su conferencia de prensa de este viernes.
Entre los cambios en el estado de emergencia ,precisó que el toque de queda irá desde las 9 p.m. y ya no desde las 8 p.m. hasta las 4 a.m. en Lima; y la mayoría de departamentos del país, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali e Ica; además de tres provincias de la costa de Áncash, donde se mantendrá el toque de queda desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m.
Como se recuerda, con anterioridad se había establecido un toque de queda de más horas de duración en las regiones del norte y Loreto. Con el anuncio del gobierno de Perú amplía estado de emergencia este viernes, se incluye en esta medida las regiones de Ucayali a Ica, además de tres provincias de Áncash, debido al alto índice de contagios de covid-19 en estas zonas.
Además, señaló que dicho decreto supremo estipula el refuerzo de los equipos de salud, por lo que se duplicarán las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); de 1,000 a 2,000 y se ampliará la capacidad de camas hospitalarias a 20,000 en los próximos dos meses.
“No se trata de una ampliación más. Este decreto supremo entrelaza las medidas de salud, seguridad y de contexto social”, expresó Vizcarra.
ACN/Gestión
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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