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España declara «persona non grata» a embajador de Venezuela

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Embajador de Venezuela en España, Mario Isea-acn
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Tal como lo había advertido el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Alfonso Dastis, el Gobierno español anunció hoy la declaración de “persona non grata” al embajador de Venezuela en Madrid, en una respuesta “proporcional” y “de reciprocidad” a la misma medida adoptada ayer por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.

La medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy llega como respuesta a la decisión de Venezuela da dar un plazo de 72 horas al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, para que abandone el país después de haber sido declarado «persona non grata» por lo que consideran injerencias y agresiones en asuntos internos de los venezolanos.

El portavoz del Gabinete español, Íñigo Méndez de Vigo, dijo en rueda de prensa tras la reunión semanal del Gabinete que el país quiere mantener unas buenas relaciones con Venezuela y «lamenta» la medida contra el embajador español en Caracas.

De igual forma, el día de ayer, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Alfonso Dastis, en su cuenta en la red social Twitter rechazó las acusaciones, al tiempo que expresó que «siempre hemos ayudado al diálogo, pero la fe y las promesas deben ir acompañadas de hechos».

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ACN con información de EFE

Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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