El Ministerio Público pidió orden de aprehensión para un comisario y diez detectives de la policía científica adscritos a la Subdelegación Las Acacias del estado Carabobo. Los requieren por simulación de hecho punible, aparte de otros delitos.

Los once funcionarios del Cicpc, están involucrados en simulación de hecho punible en perjuicio de cuatro personas; dos hermanos agricultores y dos amigos de éstos.

Las investigaciones del MP determinan, que estos funcionarios participaron en componenda con la juez Soraya Pérez Ríos, integrante de la Corte de Apelaciones y su hijo Gabriel Acosta Pérez.

Orden de aprehensión

Se pudo conocer, que entre los que tienen orden de aprehensión están: Comisario Wilfredo Mendoza, supervisor de Investigaciones de la Subdelegación Las Acacias.

Además, los detectives agregados Luis Ramírez, Robert Pérez, Frank Pulido, Pablo Ascanio y Luis Flores.

También, el Detective Jefe Amilcar Baroni, el Detective agregado Javier Hurtado, la Detective Soriangel Pantoja y los detectives Jack Moyetones y Javier Barráez.

La información conocida revela que el juez Ángel Gómez del Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, procedió a dictar las privativas de libertad.

Fue solicitada por los representantes de la Fiscalía Trigésima Segunda con competencia en delitos comunes y Fiscalía Décima Tercera, con competencia en materia de corrupción.

A los funcionarios les imputan seis delitos: simulación de hecho punible, uso indebido de arma orgánica, agavillamiento, peculado de uso, abuso de funciones y tráfico de influencias.

Información extraoficial indica, que hasta el momento solo está detenido el Comisario Wilfredo Mendoza, supervisor de Investigaciones de la Subdelegación Las Acacias.

Según, estos once funcionarios armaron y ejecutaron la detención de los hermanos agricultores Argelis José Rodríguez Valbuena y Jorge Arturo Rodríguez Valbuena.

Aparte de detener a los dos agricultores, arrestaron a dos amigos de éstos: José Alexander Martínez Pinto y de José Antonio Enríquez Díaz; este último un Teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito a Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim).

Los apresaron a petición de la juez Soraya Pérez Ríos. Las investigaciones revelaron, que acusó falsamente a los detenidos de haberla intentado atracar en su residencia.

Estafan a dos agricultores

Esta Juez Superior Penal del estado Carabobo, supuestamente, urdió el plan para tratar de salvar a su hijo Gabriel Acosta Pérez del delito de estafa; que este supuestamente había cometido contra los agricultores.

De acuerdo a un trabajo investigativo hecho por el periodista José Rafael Ramírez, la abogada “Soraya Pérez Ríos, Juez Superior Penal del estado Carabobo urdió deleznable plan para que su hijo Gabriel Acosta Pérez consolidara una estafa contra dos agricultores”.

La comisión de la policía científica se prestó para montar el falso robo en perjuicio de dos hermanos agricultores que estaban siendo estafados.

El hecho se hizo público el martes 24 de septiembre de 2019, a través de varios medios o portales digitales de Carabobo y de Caracas.

En libertad los agricultores

A los agricultores Jorge Arturo Rodríguez Valbuena y Argelis José Rodríguez Valbuena, y sus amigos José Antonio Enrique Díaz, Teniente de la GNB adscrito a la Dgcim, y José Alexander Martínez Pinto (23), los liberaron la tarde del  martes 01 de octubre.

Producto de la trampa y la simulación de un hecho punible, los cuatro amigos permanecieron nueve días presos acusados por la magistrada de la Corte de Apelaciones de la entidad, Soraya Pérez Ríos, de intentar perpetrar un robo en su residencia en la zona norte de Valencia.

La historia tomó otro rumbo cuando se conoció que los dos primeros, agricultores del municipio Miranda, y sus dos amigos; intentaban cobrar unos dólares por lo que los hermanos habrían transferido 20 millones 400 mil bolívares a Gabriel Acosta Pérez, hijo de la magistrada, quien no habría entregado dólares objeto de la transacción.

Ante la opinión pública los hermanos Rodríguez Valbuena y sus acompañantes fueron presentados como asaltantes de residencias en Valencia.

Conducta antiética

Ante este hecho, algunos profesionales del Derecho se pronunciaron al respecto. La abogada constitucionalista y Directora General de la Fundación Pro Defensa de los DDHH y exjueza penal, Lyli Ladimar López Vasquez, aseveró que “lo peligroso de este axioma antiético, es que pareciera que el fin justifica los medios y amenaza el Estado democrático de derecho y de justicia, principios constitucionales procesales que de manera efectiva, cierta, segura y sería, protegen judicialmente los derechos de los justiciables”.

Agregó que, lo valioso de una sociedad que se precie de democrática es su efectiva y real tutela judicial efectiva que involucra un conjunto de constitucionales procesales que de manera conjunta e individual, enunciativa y no limitativa, tiende a proteger en el proceso jurisdiccional.

Esto permite al ciudadano acceder a los órganos jurisdiccionales y a obtener un pronunciamiento judicial que resuelva sus conflictos judiciales, mediante sentencias que sean el producto de un proceso limpio o inmaculado, donde se hayan garantizado los derechos constitucionales mínimos, reglas de del juego Constitucional procesal.

Pero, en este caso no sucedió, por el contrario, se simuló un hecho punible utilizando el sistema de justicia para fines personales. “Es un hecho totalmente deplorable que nos hace reflexionar de lo importante del valor de la ética, en un Estado de derecho que tiene como norte alcanzar un Estado de JUSTICIA”.

ACN/NOTICIASJR/

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