El Foro Penal Venezolano registra 992 presos políticos hasta el 26 de mayo en todo el país, de los cuales 83 son personas extranjeras detenidas y de 48 se desconoce su paradero.

En una publicación en redes sociales, la organización señaló que –entre el 19 y 26 de mayo– se registraron 23 nuevos detenidos y una excarcelación, un fenómeno que han denominado como «puerta giratoria».

Entre los presos políticos hay 830 hombres y 92 mujeres. La mayoría son civiles (753), aunque 169 son militares en condición de activos o retirados. También señalaron que entre los detenidos por motivos políticos hay cinco adolescentes, cuyas familias reclamaron hace unas semanas a Unicef que «actúe con urgencia» y sirva de mediador para lograr su liberación inmediata y puedan retomar sus trabajos o estudios.

El viernes 23 de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó sobre el arresto de 70 personas, entre ellos extranjeros, por su presunta vinculación con un plan para atentar con las elecciones del domingo 25 de mayo mediante ataques con explosivos.

El ministro mencionó entonces la detención de varios dirigentes y activistas políticos, entre ellos Juan Pablo Guanipa, quien hasta ese momento se mantenía en la clandestinidad, al igual que comunicadores sociales y ciudadanos pakistaníes, alemanes, españoles, argentinos y albaneses.

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Foro Penal Venezolano registra 992 presos políticos

Solo entre el 21 y 23 de mayo, el Foro Penal contabilizó 15 detenidos en al menos nueve estados del país. Entre ellos a Carlos Alberto Gómez Durán, un docente y sindicalista de 57 años, quien fue una de las personas presentadas por Cabello, arrestado el 23 de mayo en su casa, justo antes de salir a conocer a su sobrino nieto recién nacido.

«Mi papá es un sindicalista, no es delincuente, está detenido por el Gobierno de Venezuela desde el pasado 23 de mayo, por favor les pido difundir esta historia para que mi papá vuelva a casa», comentó una de sus hijas.

Tras esos anuncios, organizaciones políticas o particulares han denunciado las detenciones arbitrarias de la bióloga Catalina Ramos, del concejal del municipio San Diego (estado Carabobo) Ángel Luna, del sindicalista Luis Ernesto Salas en los Valles del Tuy (estado Miranda) o del activista Edgar Torres en Portuguesa.

Diversas organizaciones de derechos humanos han criticado esta nueva ola de detenciones y desapariciones forzadas de ciudadanos y han exigido al Estado venezolano que detenga estas prácticas. «Esta nueva oleada de denuncias de posibles desapariciones forzadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad y sumarse a la Investigación Venezuela I» de la Corte Penal Internacional, han advertido.

ACN/MAS/Agencias

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