Al menos 320 muertos por protestas desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez (+), es la cifra que maneja Provea; una «letalidad» que «aumentó exponencialmente» desde 2014, con Nicolás Maduro, según datos de la ONG.

«El proyecto bolivariano -que discursivamente reivindicó el derecho a la manifestación pacífica-, no solo afinó los mecanismos jurídicos para restringir su ejercicio; también -en su etapa más reciente-, aumentó dramáticamente la letalidad ejercida contra quienes expresan su descontento en las calles»; aseguró la ONG en una nota difundida a través de su página web.

Asimismo, señaló que un total de 9.138 personas resultaron heridas en el contexto de manifestaciones entre los años 2002 y 2020.

«El empleo excesivo de la fuerza contra los manifestantes, sumado a la ausencia de una política integral de reparación a las víctimas (…), mantiene en la impunidad a la casi totalidad de casos y somete a sufrimientos físicos y psíquicos a centenares de personas que aún padecen las consecuencias de los daños infligidos sin contar con atención alguna por parte del Estado venezolano»; sostuvo.

320 muertos por protestas desde el golpe de Estado

Según Provea, el 11 de abril comenzó un «prolongado proceso de criminalización y obstaculización para el ejercicio de los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacíficas»; indicó.

«La creación de zonas de exclusión para obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas, es hoy día uno de los más negativos legados de la gestión de Hugo Chávez, continuado ahora por Nicolás Maduro»; aseveró.

Luego de los sucesos de abril de 2002, prosiguió Provea, «comenzó a levantarse un muro para impedir que movilizaciones convocadas por sectores de la oposición venezolana, pudieran dirigirse a sedes de instituciones gubernamentales como el Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional y otros espacios»; atizó.

Leyes que obtaculizan las protestas

En los últimos 20 años, de acuerdo con Provea, el chavismo ha reforzado leyes para obstaculizar el ejercicio de la protesta; impedir asambleas en empresas públicas e instituciones del Estado, cierres de calles o el derecho a huelga por parte de compañías estatales.

Además, desde entonces, «se hizo cada vez más frecuente la presencia de civiles armados para atacar manifestaciones»; destacó.

Agregó que, desde 2014, la gestión de Maduro «pisó a fondo el acelerador para consolidar rápidamente el andamiaje anti-protestas»; recordó las manifestaciones antigubernamentales de 2017, cuando hubo «143 asesinados, más de 3.000 heridos, 5.000 detenidos, empleo de la justicia militar para procesar a civiles, allanamientos y ataques masivos contra zonas residenciales».

Se cumplen 20 años del #11Abr de 2002. Un ciclo de protestas que dejó personas asesinadas, centenares de heridos, la ruptura democrática y la posterior restitución de Chávez. El día en que comenzó a levantarse el muro anti-protestas en Venezuela https://t.co/xg6lAABMda

— PROVEA (@_Provea) April 11, 2022

ACN/MAS/Agencias

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