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Fiscalía: 31 detenidos y 22 órdenes de capturas por Operación Gedeón

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31 personas están detenidas por Operación Gadeón
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Este viernes el fiscal general de la  República, Tarek William Saab; informa que 31 personas están detenidas por Operación Gadeón;  así como se libraron 22 órdenes de capturas; tres de ellas con alerta roja a la Interpol.

Asimismo; precisa que los aprehendidos que están siendo imputados  por la incursión del 3 de mayo en Macuto;  estado La Guaira son José Alberto Socorro, José Armando Alvarado; Wilmer Oswaldo Salinas, Enderson Israel Ríos, Gustavo Adolfo Hernández y Martín Eduardo Álvarez.

Mientras que los aprehendidos por la acción del lunes 4 de mayo,;en Chuao, estado Aragua son  Luke Alexander Denman, estadounidense mercenario de la empresa Silvercorp; Airan Berry, estadounidense mercenario de la empresa Silvercorp; Cosme Rafael Alcalá, Raúl Manzanilla Almao; Antonio José Sequea, Rodolfo Jesús Rodríguez, Jeferson Fernando Díaz, Víctor Alejandro Pimienta, Fernando Andrés Noya; Endersor Roberto Rumi, Manuel  Opaiva, Estewin Andrés Rojas, Rosne Edecio Méndez, y Jhonder Adolfo Baduel; “quien  en un video en julio del año pasado dijo que él tenía unos mercenarios israelíes para asesinar al Presidente de la República; a Diosdado Cabello, a Tarek El Aissami y al fiscal Saab;  por lo que no está detenido, como me preguntaron por allí;  por la vinculación con su padre (Raúl Baduel), sino que lamentablemente está detenido por estar incurso en actividades terroristas”; aclara.

31 personas están detenidas por Operación Gadeón

De igual manera, dijo que  los detenidos el pasado 6-M  en El Junquito y en Carayaca; estado La Guaira son  Roberto Andrés Rondón, Gilber Orlando Barrillas, Carlos Enrique Conde, y los apresados por la Dgcim son Dimas Omar Morillo; Franklin Antonio Leal, Ronnie Adelso Olivares, Richard Rafael Alemán; Víctor Alfonso Perozo, Junior José Ojeda, Angelo Moisés Rosales y Gerardo José Cotiza.

Manifestó el titular del MP  que a los aprendidos de nacionalidad venezolana; la Fiscalía les imputa los delitos de: conspiración con Gobierno extranjero, terrorismo; traición a la Patria, rebelión, tráfico ilícito de armas de guerra, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir; y a los dos estadounidenses los juzgarán por: terrorismo, conspiración; tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir en perjuicio del Estado venezolano.

“Ellos no iban a hacer acciones heroicas sino atacar de manera aviesa aprovechándose de la oscuridad; aprovechando las medidas que se vienen aplicando el combate del Covid-19 harían una emboscada”; recalca Saab.

Dijo que también se solicitarán, en el momento de la audiencia de imputación; 22 órdenes de captura, entre ellas, la de Juan José Rendón, asesor y estratega del presidente de la AN;  Juan Guaidó, quien en una entrevista admite el pago de $50.000 para cometer la acción en Venezuela; Sergio Vergara y a Jordan Goudreau, representante de la contratista militar Silvercorp; con alerta roja a la Interpol por no encontrarse en Venezuela, y quienes gozan de “impunidad e inmunidad tanto en Colombia como en EEUU”; por su implicación en el “diseño, financiamiento y ejecución de esta acción criminal terrorista contra el territorio; autoridades y el pueblo de Venezuela” .

También informa que se realizaron allanamientos en los estados La Guaira; Nueva Esparta, Miranda, Anzoátegui y además en el Distrito Capital.

“Exigimos el cese de las agresiones desde Colombia y EEUU; que dejen de ser guaridas de asesinos y corruptos  venezolanos que los entreguen a la justicia venezolana para que sean  procesados por los delitos que han cometido”; insite el fiscal Saab.

Pide a la ONU y a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; a que se pronuncien a la “flagrante violación del derecho internacional por parte de Colombia y EE UU; por un acto de agresión en medio de una pandemia”.

ACN/Panorama

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OVP alerta por dos nuevas muertes en cárceles venezolanas

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OVP cárceles venezolanas
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Dos nuevas muertes bajo custodia del régimen encendieron las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas. Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien padecía meningitis bacteriana, según la información conocida por el OVP.

Este penal alberga a más de 1.000 reclusos, pese a haber sido diseñado para aproximadamente 500, lo que implica un funcionamiento al 200 % de su capacidad y un hacinamiento de al menos 100 %.

En el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo centro, el pasado 20 de abril falleció Deivi Enrique García por motivos de salud.

El OVP denunció que sobre Rodeo IV prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce su capacidad instalada y no existen datos públicos sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades o número de muertes bajo custodia.

Cooperación con el CICR

Estas muertes ocurren en momentos en que el Gobierno venezolano anunció, a través de Delcy Rodríguez, un trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión.

El OVP valoró la participación de un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad, pero advirtió que la cooperación debe permitir conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no ser utilizada para mostrar una imagen distinta a las condiciones cotidianas.

Exigencias del OVP

El observatorio insistió en que el CICR debe tener acceso a los establecimientos con denuncias más graves, como Rodeo I, donde permanecen presos políticos y se reportan dificultades para acceder a atención médica.

Asimismo, la ONG exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios se aplicaron en los casos de Martínez y Quintero, y evaluar las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios para garantizar prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

«Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde. La obligación del Estado comienza con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno», concluyó el OVP.

 

 

 

Con información de nota de prensa

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