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Al menos 23 universidades paralizan actividades para exigir aumento salarial

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23 universidades paralizaron actividades - Agencia Carabobeña de Noticias
| Foto: Ezequiel Carías/El Naciona
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Trabajadores de al menos 23 universidades paralizaron actividades este miércoles 22 de abril como medida de presión para exigir mejoras salariales, en medio de una larga congelación del ingreso mínimo que se mantiene desde 2022 y que hoy equivale a apenas unos centavos de dólar mensuales, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

La jornada de protesta, que se extenderá por 24 horas, coincidió con reuniones de sindicatos del sector educativo, donde docentes y personal discutieron las condiciones laborales que enfrentan desde hace años, marcadas por bajos ingresos y falta de respuestas oficiales.

Desde la Universidad Central de Venezuela, el presidente de la Asociación de Profesores (APUCV), José Gregorio Alfonso, cuestionó los argumentos que suelen acompañar la falta de ajustes salariales.

Al menos 23 universidades paralizaron actividades

El dirigente consideró que los cambios políticos recientes en el país deberían reflejarse también en el ámbito económico. En ese sentido, sostuvo que si existe una nueva etapa, como ha planteado la presidenta encargada, también debería abrirse espacio para un “movimiento salarial”.

A su juicio, el crecimiento de ingresos e inversiones no puede desvincularse de una mejora real en el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, responsabilizó al ejecutivo por el aumento de las protestas, al asegurar que este tipo de acciones surgen cuando se “desoye lo que es el clamor de un país”.

Se unieron otros gremios

En paralelo, otros gremios universitarios se sumaron al reclamo. Carlos Suárez, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la UCV, explicó que la continuidad de las protestas dependerá de los anuncios previstos para el 1 de mayo, fecha en la que el gobierno ha prometido informar sobre un posible incremento salarial.

Mientras tanto, la Federación Venezolana de Maestros organizó asambleas en distintas regiones del país, no solo para respaldar el paro universitario, sino también para evaluar la crítica situación del sector educativo.

Edgar Machado, dirigente sindical del magisterio en Caracas, describió el panorama como una emergencia, señalando que los salarios actuales resultan insuficientes y recordando que llevan varios años esperando la aprobación de un nuevo contrato colectivo. Durante una de estas reuniones, insistió en la necesidad de dignificar la profesión docente: “Tenemos que dignificar la carrera docente, buenos sueldos, infraestructuras acordes a nuestros muchachos, a nuestros docentes, seguridad social”.

Cualquier ajusta no puede ser con bonifacaciones

Por su parte, la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, pidió que cualquier ajuste salarial no se base en bonificaciones, ya que estas no impactan beneficios laborales como prestaciones o vacaciones. También denunció la falta de respuesta institucional, asegurando que se han “cansado” de enviar comunicaciones a los organismos competentes sin obtener contestación.

Las movilizaciones del sector educativo no son aisladas. Desde hace más de un mes, distintos sindicatos han intensificado las convocatorias a protestas en todo el país, en un contexto de inflación persistente que erosiona constantemente los ingresos y que, según estimaciones, superó 400 % en 2025.

A esto se suma el alto costo de vida. De acuerdo con cálculos de organizaciones del sector, una familia de cinco integrantes necesitó en marzo más de 690 dólares para cubrir únicamente la alimentación básica, una cifra que sigue aumentando mes a mes.

ACN/MAS/El Nacional

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OVP alerta por dos nuevas muertes en cárceles venezolanas

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OVP cárceles venezolanas
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Dos nuevas muertes bajo custodia del régimen encendieron las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas. Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien padecía meningitis bacteriana, según la información conocida por el OVP.

Este penal alberga a más de 1.000 reclusos, pese a haber sido diseñado para aproximadamente 500, lo que implica un funcionamiento al 200 % de su capacidad y un hacinamiento de al menos 100 %.

En el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo centro, el pasado 20 de abril falleció Deivi Enrique García por motivos de salud.

El OVP denunció que sobre Rodeo IV prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce su capacidad instalada y no existen datos públicos sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades o número de muertes bajo custodia.

Cooperación con el CICR

Estas muertes ocurren en momentos en que el Gobierno venezolano anunció, a través de Delcy Rodríguez, un trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión.

El OVP valoró la participación de un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad, pero advirtió que la cooperación debe permitir conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no ser utilizada para mostrar una imagen distinta a las condiciones cotidianas.

Exigencias del OVP

El observatorio insistió en que el CICR debe tener acceso a los establecimientos con denuncias más graves, como Rodeo I, donde permanecen presos políticos y se reportan dificultades para acceder a atención médica.

Asimismo, la ONG exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios se aplicaron en los casos de Martínez y Quintero, y evaluar las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios para garantizar prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

«Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde. La obligación del Estado comienza con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno», concluyó el OVP.

 

 

 

Con información de nota de prensa

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