Sucesos
Pal Dorado más de 300 reclusos de El Rodeo II
La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, decidió ignorar el clamor de los reclusos y ordenó que más de 300 fueran trasladados a otros penales, entre éstos El Dorado.
Así lo informó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien atendió las denuncias de los familiares mortificados porque, en medio de la peor crisis económica de Venezuela, no saben cómo costearán los gastos para visitar a los reclusos que fueron trasladados a penales tan lejanos como El Dorado.
Prado dijo que, una sola visita de Iris Varela a la cárcel de El Rodeo II en Guarenas, hubiese calmado los ánimos de más de 2.000 presos que se unieron a una protesta pacífica por los maltratos físicos, mala alimentación, insalubridad y el constante irrespeto a los familiares.

“El trabajo de la ministra es atender a los reclusosy buscar soluciones a todos los problemas del sistema penitenciario”, aseveró el director del OVP.
Recalcó, que Varela No obstante, prefiere castigarlos y trasladarlos, lo que además atenta contra su derecho al debido proceso.
Prado pregunta: “¿Acaso la ministra les garantizará el traslado a tribunales?, ¿Acaso la ministra se aseguró de que ninguno de los trasladados sea asesinado? Estamos ante una flagrante violación a los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela, por lo que alzaremos nuestra voz ante los organismos internacionales”, sentenció.
A la ministra aparentemente se le olvidó que hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 8 de febrero de 2008, que establece que los penales Rodeo I y Rodeo II se encuentran bajo medidas provisionales. Es ante este organismo que la ministra tendrá que rendir cuentas por la imposición arbitraria de la “Ley Varela”, pues es la única solución que ha encontrado cuando desde hace años perdió el control de los centros penitenciarios.

En tanto, algunos de los familiares denunciaron que los reclusos trasladados están heridos con golpes y perdigones, por lo que exigen que les brinden la atención médica necesaria. “No tenemos ni para comer, mucho menos vamos a tener para pagar un viaje de tres días hasta El Dorado, y eso es un solo de los castigos porque estamos seguros de que los están moliendo a palos”, aseveró la esposa de uno de los reclusos.
Como se recordará, el lunes 22 de enero, la población penal de la cárcel Rodeo II inició una huelga de hambre, de forma pacífica y encapuchados por temor a represalias, en señal de protesta por la falta de garantías a sus derechos humanos. Asimismo clamaban por atención médica y comida; además de denunciar que en ocasiones son golpeados por los custodios, quienes los obligan a hacer orden cerrado por horas y a gritar consignas alusivas al Gobierno, señala una nota de prensa de El Universal.

El lunes, los familiares también se pronunciaron: “Un emisario de la ministra dice que los presos quieren hacer una toma del penal, lo que es totalmente falso. En noviembre y diciembre instalaron cámaras para observar el comportamiento de los reclusos, por todos lados hay cámaras, entonces allí está la prueba de que los presos no están sublevados”
Cabe destacar que actualmente la población penal de El Rodeo II es de más de 2.000 presos, a pesar de que la infraestructura fue creada para 500 personas.
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ACN/diario
Sucesos
Imputan tres delitos a Elizabeth Ochoa, «la tapa del frasco»
Imputan tres delitos a Elizabeth Ochoa, la abogada conocida en redes sociales como «La Tapa del Frasco», enfrentará un proceso judicial tras ser presentada ante el Tribunal 6° de Control especializado en delitos de corrupción.
La medida responde a la controversia generada por la difusión de un video durante un procedimiento policial en el estado Carabobo, hecho que derivó en su inmediata aprehensión.
De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, el Ministerio Público imputará a Ochoa por la presunta comisión de tres delitos: tráfico de influencias, valimiento de nombre y ultraje a funcionario público.
Imputan tres delitos a Elizabeth Ochoa
La primera acusación se fundamenta en el supuesto uso de influencias políticas para intentar evadir la actuación de los uniformados, mientras que la segunda responde a la utilización indebida del nombre de una alta autoridad del Estado.
El cargo por ultraje a funcionario público se derivó de las faltas de respeto y descalificaciones expresadas contra los efectivos policiales durante el operativo. La situación cobró relevancia pública luego de que la abogada mencionara al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien posteriormente rechazó cualquier vínculo con la ciudadana, condenó su proceder y confirmó la actuación del sistema de justicia.
ACN/MAS/Alberto News
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