Conéctese con nosotros

Nacional

Medios de comunicación a la deriva en gobierno de Maduro

Publicado

el

Medios de comunicación - acn
Compartir

Medios de comunicación a la deriva en gobierno de Maduro. Autocensura, cambios de periodicidad, reducción de periódicos;  denuncia el Instituto de Prensa y Socidad (IPYS) Conatel calló 40 emisoras en 2017;  señala el organismo de estudio e investigación de prensa y  registran la opacidad y la arbitrariedad estatal.

En 2017 Conatel “calló” 40 emisoras de radio, algunas de manera definitiva y otras temporalmente.

La cifra está registrada en un estudio del Instituto de Prensa y Sociedad y se suma a los reportes sobre el cerco a la libertad de expresión en el país;  que incluye las dificultades para adquirir papel periódico; lo que han obligado a diarios regionales a disminuir su periodicidad o salir de circulación.

En tres días dos periódicos anunciaron su salida por falta de papel

Respecto al cerco a la prensa regional la ONG Espacio Público denunció que con la salida de circulación el sábado;  El Falconiano se convirtió en el segundo medio en tres días que anunció;  “variación o salida por falta de insumos”. El 28 de junio  El Siglo (Aragua) informó que solo saldrá a la calle cuatro días a la semana por déficit de papel periódico.

El estado Falcón se quedó desde el 30 de junio con un solo periódico: Nuevo Día. La lista de medios de comunicación limitados por recursos tiende a crecer.  El 21 de mayo Las Noticias de Cojedes dejó de salir impreso por agotarse la disponibilidad de papel;  que le vendía la Corporación Editorial Alfredo Maneiro.  La medida fue adoptada luego de la reducir de 32 a 16 páginas.

Espacio Público reportó que en mayo seis periódicos regionales debieron ajustar su soporte y periodicidad.  Entre las causas están la crisis económica que generó escasez de efectivo, el alto costo de la materia prima y la imposibilidad de acceder a ese recurso.  En el grupo de los impresos que debieron reinventarse;  están El Tiempo de Puerto La Cruz, La Prensa de Barinas, El Diario de Los Andes, Versión Final, Visión Apureña y Última Hora del estado Portuguesa.

“Ya no solo se trata de disminuir sus páginas o el tiraje, algunos migraron por completo a la web; otros se convirtieron en semanarios, y los que aún resisten salen de lunes a viernes.  Estos reajustes limitan el derecho de los venezolanos de recibir información;  pues afectan la pluralidad y estimulan la autocensura;  negándoles la posibilidad de conocer y denunciar lo que sucede en el ámbito local”, indicó la ONG.

Cierres durante protestas.

La mayoría de los cierres de  emisoras ocurrió durante el tiempo de protestas callejeras, en el primer semestre del año, contra el gobierno de Nicolás Maduro.  “Entre denuncias de censura y arbitrariedad estatal, el argumento oficial para silenciar estaciones de radio fue la carencia de permisos para operar en el espectro radioeléctrico.  Las clausuras responden a procedimientos administrativos y legales que son contrarios a las garantías de transparencia establecidas en la Constitución y en estándares internacionales de derechos humanos”, señaló IPYS Venezuela.

Radicidio contra 32 emisoras

Refiere que las medidas contra la radio superaron las de 2009;  cuando ocurrió el “Radicidio” contra 32 emisoras.  Indica que el cierre del año pasado se ejecutó mientras “Conatel mantiene una política de opacidad en sus procesos para asignar o negar permisos de uso de frecuencias radioeléctricas.  Bajo el amparo dela Ley Orgánica de Telecomunicaciones: la norma admite el silencio como una forma válida de rechazar solicitudes sin ofrecer explicaciones”.  De allí que IPYS Venezuela dispuso en línea el microsite “Emisoras en vilo”, con la etiqueta “ConatelCallaYnoOtorga”.

En los últimos  tres días,  dos periódicos anuncian su salida por falta de papel, otros reducen su paginación y la gran mayoría incursionan en la Web.

ACN/diarios/ Sofía Nederr

No deje de leer: Bloqueado «Tor» para censura del gobierno (Cantv) en Internet

Nacional

OVP alerta por dos nuevas muertes en cárceles venezolanas

Publicado

el

OVP cárceles venezolanas
Compartir

Dos nuevas muertes bajo custodia del régimen encendieron las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas. Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien padecía meningitis bacteriana, según la información conocida por el OVP.

Este penal alberga a más de 1.000 reclusos, pese a haber sido diseñado para aproximadamente 500, lo que implica un funcionamiento al 200 % de su capacidad y un hacinamiento de al menos 100 %.

En el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo centro, el pasado 20 de abril falleció Deivi Enrique García por motivos de salud.

El OVP denunció que sobre Rodeo IV prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce su capacidad instalada y no existen datos públicos sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades o número de muertes bajo custodia.

Cooperación con el CICR

Estas muertes ocurren en momentos en que el Gobierno venezolano anunció, a través de Delcy Rodríguez, un trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión.

El OVP valoró la participación de un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad, pero advirtió que la cooperación debe permitir conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no ser utilizada para mostrar una imagen distinta a las condiciones cotidianas.

Exigencias del OVP

El observatorio insistió en que el CICR debe tener acceso a los establecimientos con denuncias más graves, como Rodeo I, donde permanecen presos políticos y se reportan dificultades para acceder a atención médica.

Asimismo, la ONG exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios se aplicaron en los casos de Martínez y Quintero, y evaluar las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios para garantizar prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

«Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde. La obligación del Estado comienza con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno», concluyó el OVP.

 

 

 

Con información de nota de prensa

Te invitamos a leer

Alcaldía de El Hatillo realizó jornada veterinaria gratuita en La Mata

Infórmate al instante únete a nuestros canales 

WhatsApp ACN – Telegram NoticiasACN – Instagram acn.web – TikTok _agenciacn – X agenciacn

Continue Reading

Suscríbete a nuestro boletín

Publicidad

Carabobo

Publicidad

Sucesos

Facebook

Publicidad

Lo más leído