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Exigen al Defensor del Pueblo actuar ante atropellos a periodistas

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La  Alianza por la Libertad de Expresión entregó  a la Defensoría del Pueblo; una comunicación en la que destacan la falta de acción de ese despacho ante las continuas agresiones a los periodistas.

Al igual que a trabajadores de la comunicación, especialmente de los medios privados.

Lo que impide el libre ejercicio del periodismo; y por lo tanto, se afecta el derecho de los ciudadanos a estar informados.

La misiva, con fecha 30 de mayo del presente año,  se hace énfasis en la importancia que tiene la labor que cumplen los periodistas.

Y en general, los trabajadores de la prensa y otros medios, para darle plena vigencia a los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional.

Que garantizan la libertad de expresión y el derecho de información y prohíben expresamente la censura.

A pesar de lo establecido en la Constitución venezolana y en los tratados internacionales  sobre derechos humanos firmados por Venezuela.

Estadísticas dramáticas

Se denuncia en esta comunicación que se vienen acumulando desde hace muchos años estadísticas dramáticas; en afectaciones a la libertad de expresión y al derecho de información.

Especial hincapié hacen las 18 organizaciones de la Alianza por la Libertad de Expresión que firman la carta al Defensor.

Es el caso que se ha venido dando de forma reiterada en la sede del Poder Legislativo.

Donde el personal de seguridad, dirigido por el coronel GNB, Bladimir Lugo, ha impedido el acceso a los reporteros de todos los medios.

Para dar cobertura a las plenarias de ese cuerpo legislativo.

Denuncian que por lo menos en seis ocasiones les fue impedido el acceso a los periodistas al palacio federal; y por consiguiente al hemiciclo donde se realizan las sesiones plenarias de la AN.

En la oportunidad más reciente, el pasado 15 de mayo, los señores diputados se solidarizaron con los representantes de la prensa y salieron a exigir se levantara el cerco militar.

Esta actitud fue respondida violentamente por los uniformados.

Y el propio jefe de la seguridad, el mencionado coronel Lugo, tumbó la cámara del reportero gráfico de Venevisión, José Rivas, y le ocasionó una lesión en el rostro.

No es la primera vez que este oficial de la GNB comete atropellos semejantes por su propia mano, incluso contra mujeres periodistas; reseña el comunicado.

Expresan así mismo  estas organizaciones de la Alianza, que en otras oportunidades los trabajadores de los medios han sido golpeados.

Lanzados al suelo, destruidos o robados sus equipos de trabajo e inutilizado el material informativo que habían recabado.

Y en algunas ocasiones no ha sido el personal uniformado el que ha cometido estas agresiones sino copartidarios del gobierno nacional.

Que se han presentado a la sede de la Asamblea Nacional y allí han arremetido ferozmente contra periodistas y parlamentarios;  sin que se produzca la más mínima intervención del personal que está destacado justamente para garantizar la seguridad de todos quienes allí laboran.

En ocasiones, periodistas y parlamentarios han permanecido secuestrados hasta altas horas de la noche por esos grupos paramilitares.

Inacción por parte de la Defensoría

Le resulta inaudito e incomprensible a los integrantes de la Alianza por la Libertad de Expresión que ante tan graves y evidentes irregularidades y violaciones a los derechos humanos y profesionales, ni una sola voz se levante en el concierto de las instituciones del Estado venezolano.

A excepción de la Asamblea Nacional, para exigir el cese de tales atropellos y el respeto a la labor profesional de los periodistas, reporteros gráficos y de quienes los asisten en su trabajo.

Más aún es incomprensible esta inacción por parte de la Defensoría del Pueblo.

Cuando en el Artículo 80 de la Constitución Nacional pone a cargo de la Defensoría del Pueblo “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución”.

“ Y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas”.

Ante esta grave situación la Alianza por la Libertad de Expresión le señala al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; que tanto él como su despacho tienen todas las facultades y obligaciones legales.

Para introducir los correctivos que cabe aplicar a una situación como la descrita y por lo tanto le solicitan en dicha misiva que  promueva una reunión conjunta de su despacho con las comisiones de Medios y de Política Interior,  a fin de conocer de manera pormenorizada los eventos de carácter violento dirigidos contra los periodistas que cubren la fuente de la Asamblea Nacional y los impedimentos u obstrucciones que le están interponiendo para su labor informativa.

Así mismo le solicitan que a partir de los resultados de la reunión anterior, inste al ciudadano Fiscal General de la República a que intente las acciones y los recursos para reponer los derechos vulnerados, establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones a que haya lugar.

Solicitan reunión al Defensor del Pueblo

También los miembros de la Alianza le solicitaron al Defensor del Pueblo una reunión para profundizar en la información que se tiene sobre las continuas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de la comunicación en el cumplimiento de su deber de recabar las noticias para informar a los ciudadanos.

Miembros de la Alianza por la Libertad de Expresión

Los miembros de la Alianza por la Libertad de Expresión que firman la carta para el Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, son:

Centro de Derechos Humanos de la UCAB; Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB; Colegio Nacional de Periodistas, Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Distrito Capital; Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público.

Dirección de Publicaciones de la UCAB; Escuela de comunicación social de la UCV, Escuela de Comunicación Social de la UCAB; Espacio Público, Expresión Libre; Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social.

Instituto de Investigación de la Comunicación, ININCO UCV, Instituto Prensa y sociedad- IPYS; Periodistas y Punto; Programas de Postgrado en Comunicación social y Publicidad de la UCAB; Revista Comunicación del Centro Gumilla, Ser Investigación y comunicación; y Transparencia Venezuela.

Marlene Piña Acosta con nota de prensa/ACN

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Crecida del río Orinoco ha dejado unos 12.000 afectados en Bolívar

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La crecida de 18,10 metros sobre el nivel del mar del río Orinoco ha dejado a su paso hasta el momento unos 12.000 afectados en el estado Bolívar.

Entre la cifra de agraviados se contabilizan 4.000 menores de edad con necesaria atención médica.

Roniel Farías, concejal por el municipio Heres; difundió las cifras que hasta ahora deja la crecida del afluente; y afirma además que debe activarse una alerta roja de “manera inmediata”; para poder atender a la brevedad posible a las familias damnificadas; que han perdido en la mayoría de los casos la totalidad de sus viviendas.

Farías expresó que hasta ahora no se han ejecutado las medidas necesarias por parte de la gobernación y que no se han habilitado los respectivos centros para los damnificados: “El llamado es para que el gobierno reaccione y tome las acciones correspondientes, ya que no es un momento político”.

El parlamentario por los pueblos indígenas, Romel Guzamana, informó que en el estado Amazonas hay más de 60.000 damnificados.

Crecida récord

Esos 18 msnm representan un récord oficialmente según instituciones especializadas. Uno de los mayores problemas que manifiestan los afectados es la ausencia de agua potable, por lo cual se han tenido que ver en la necesidad de consumir el agua del propio río, lo que ha provocado la propagación de enfermedades endémicas para varios de los habitantes de la zona.

Alrededor de 550 familias son las que se han visto afectadas en este municipio. La mayoría no ha podido movilizarse debido a que los centros de acopio están llenos y no hay espacio.

Hay que recordar que otros municipios, como el Cedeño y el Caroní, suman en su totalidad 12.700 personas el número de afectados, haciendo dificultosa y tardía la labor de rescate de los equipos del estado.

 

 

 

Agencia Carabobeña de Noticias/ Globovision

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