Zapatero imputado por tráfico de influencias en caso Plus Ultra (+ videos)

Zapatero imputado. La justicia española imputó este martes 19 de mayo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunto papel en el desvío del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra. Sus oficinas las registraron y está citado a declarar a comienzos de junio. El caso es inédito en la historia de la democracia de España.

Primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno español es imputado por la justicia en un caso de corrupción.

La Audiencia Nacional informó este martes 19 de mayo que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero está investigado por presunto tráfico de influencias y otros delitos conexos en una investigación sobre el presunto lavado de dinero del rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia.

El exjefe del Ejecutivo socialista (2004-2011) lo citaron a declarar el próximo 2 de junio, acusado de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Su oficina en Madrid y otras tres sedes mercantiles están siendo registradas este martes.

Zapatero imputado por tráfico de influencias

La imputación la decidió el juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que el pasado febrero asumió la competencia de este caso.

La investigación se remonta a 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana, después de que llegaran dos peticiones de información de Suiza y Francia por blanqueo de capitales.

A finales de 2025 detuvieron al presidente de la compañía Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, así como Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero.

La consultora de Julio Martínez Martínez, llamada Análisis Relevante S.L., que operaba desde 2020, facturaba a Plus Ultra y, a su vez, pagaba al expresidente Zapatero por labores de «consultoría global».

El periódico El País ha señalado también que formaban parte de esta red Sergio Sánchez, excargo del CNI y directivo de Movistar+, mano derecha de Javier de Paz, alto cargo de Telefónica y también amigo personal de Zapatero.

El rastro del dinero

Zapatero imputado. La aerolínea española Plus Ultra de bajo costo fue fundada en 2011 y está constituida con unos 400 empleados. Ha operado principalmente vuelos entre España y Latinoamérica, especialmente a Venezuela, de donde provenían algunos de sus accionistas.

Durante la pandemia de Covid-19, las compañías del sector aéreo enfrentaron graves problemas. Por lo que, en marzo de 2021, el Gobierno del presidente de España Pedro Sánchez, del PSOE, mismo partido que Zapatero, aprobó el rescate económico de la aerolínea en mención: 53 millones de euros públicos a través del fondo SEPI (un fondo estatal creado para salvar empresas afectadas por el COVID). Aerolíneas más grandes como Iberia no recibieron dinero.

Luego se supo que los informes que justificaron esta decisión fueron pagados por la propia Plus Ultra, según se reveló en una comisión de investigación del Senado.

La empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, cobró 460.000 euros de la aerolínea Plus Ultra en 5 años por hacer gestiones en Venezuela (conseguir combustible, permisos, etc.).

A su vez, esa misma empresa pagó una cantidad similar, unos 400.000 euros, al expresidente Zapatero por trabajos de consultoría «informes geopolíticos», y otros 200.000 euros a la empresa de marketing de sus hijas por maquetar esos informes.

Esto genera la sospecha que el dinero público del rescate habría viajado de Plus Ultra a Análisis Relevante y de ahí a Zapatero, siendo el expresidente quien, según la investigación, pudo haber usado su influencia para que ese rescate se aprobara.

Reconoció facturas

Zapatero reconoció haber facturado más de 400.000 euros a la empresa de su amigo Martínez Martínez, Análisis Relevante, por 15 informes de consultoría y fue él quien introdujo un acuerdo para que la empresa de sus hijas cobrara otros 200.000 euros por maquetar esos informes.

Sin embargo, niega haber trabajado para Plus Ultra, según dijo en el Senado. También negó haber influido en el rescate ni haber cobrado por gestiones con Venezuela.

Explicó que realizó «informes orales y escritos» para Análisis Relevante, aunque evitó detallar su contenido. Además, ha denunciado una campaña en su contra.

El hecho que complica su versión es la existencia de un contrato firmado entre Plus Ultra y Martínez Martínez que establecía que este cobraría una comisión del 1% de los 53 millones de euros si lograba que el Gobierno aprobara el rescate de la aerolínea, es decir, unos 530.000 euros en caso de éxito.

Tanto Martínez Martínez como Plus Ultra niegan que el contrato se ejecutara y lo califican de borrador sin efecto. Zapatero, por su parte, dice que desconoce la existencia de ese contrato.

En esta fase del proceso, el juez está recabando pruebas. Zapatero aún no ha sido formalmente acusado ni juzgado. Dependiendo de su declaración, el juez decidirá si hay suficientes indicios para continuar hacia un juicio oral o archivar su participación.

La investigación, que permaneció bajo secreto durante meses y que ahora ha sido parcialmente desclasificada, gira alrededor de una pregunta clave: si el rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la compañía aérea Plus Ultra fue utilizado como vehículo para favorecer intereses privados, canalizar comisiones y blanquear fondos procedentes de Venezuela.

¿Qué se investiga exactamente?

Zapatero imputado. Según el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, la investigación apunta a la existencia de “una estructura estable y jerarquizada” dedicada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante organismos públicos. El magistrado sostiene que esa red habría actuado para favorecer, entre otros asuntos, la aprobación del rescate estatal de Plus Ultra, una aerolínea hispano-venezolana que recibió 53 millones de euros del fondo de ayudas gestionado por la SEPI tras la crisis provocada por el Covid-19.

La tesis judicial sostiene que determinadas personas y sociedades cobraban comisiones por utilizar contactos políticos y capacidad de influencia para facilitar decisiones administrativas favorables. En ese contexto, el juez sitúa a Zapatero como supuesto “líder” de la estructura.

¿De qué delitos se acusa y qué papel le atribuye el juez?

Zapatero imputado. La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y posibles conexiones con blanqueo de capitales.

El auto judicial sostiene que Zapatero habría puesto “sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración” al servicio de terceros interesados en conseguir decisiones favorables del Gobierno. Entre ellas, la concesión del rescate a Plus Ultra.

La acusación no se limita únicamente a la aprobación de la ayuda pública. El juez también investiga si existió una estructura empresarial destinada a ocultar el origen y destino del dinero mediante sociedades instrumentales, contratos de consultoría supuestamente ficticios y triangulación internacional de pagos.

El magistrado considera especialmente relevante que algunos investigados celebraran internamente la concesión de la ayuda antes incluso de la aprobación formal por parte de los órganos públicos competentes, algo que, según la resolución, podría apuntar a un acceso privilegiado a información reservada.

El instructor sostiene que el expresidente habría actuado como pieza esencial para facilitar contactos políticos y administrativos.

¿A cuánto asciende la cifra?

Zapatero imputado. Según el auto, Plus Ultra y otras empresas habrían pagado cantidades económicas a sociedades relacionadas con el entorno de Zapatero bajo contratos de asesoría y consultoría, cuya verdadera finalidad estaría bajo sospecha.

La resolución judicial cifra en cerca de 1,95 millones de euros las cantidades que, según los investigadores, terminaron en el entorno del expresidente y de la empresa Whathefav S.L., dedicada a comunicación y marketing y administrada por sus hijas.

Entre los pagos investigados aparecen transferencias procedentes de varias sociedades, especialmente de la consultora Análisis Relevante S.L., cuyo administrador es el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero.

La investigación considera que estas operaciones podrían haber servido para justificar documentalmente el movimiento de fondos vinculados a actividades de intermediación política.

El papel de Plus Ultra y el origen del caso

Zapatero imputado. El rescate de Plus Ultra ya había sido objeto de controversia política desde 2021. Diversos partidos de la oposición cuestionaron entonces que la compañía cumpliera los requisitos estratégicos para recibir fondos públicos.

En una primera etapa, un juzgado de Madrid investigó la concesión de la ayuda a raíz de una denuncia presentada por el colectivo vinculado a la ultraderecha española, Manos Limpias. Aquella causa terminó archivada por cuestiones procesales y por considerar la magistrada que no había indicios suficientes de delito en la tramitación del rescate.

Sin embargo, el caso adquirió una nueva dimensión en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió solicitudes de cooperación internacional procedentes de Francia y Suiza. Las autoridades de ambos países investigaban una supuesta organización dedicada al blanqueo de capitales vinculados a fondos opacos venezolanos.

Según la documentación incorporada al procedimiento, parte de ese dinero procedería presuntamente de operaciones relacionadas con la venta irregular de oro venezolano y con programas de distribución alimentaria del chavismo, conocidos como CLAP. La sospecha es que el rescate de Plus Ultra pudo utilizarse posteriormente para introducir y mover parte de esos fondos dentro de circuitos financieros aparentemente legales.

¿Quién es Julio Martínez Martínez?

Julio Martínez Martínez aparece como uno de los personajes centrales de la causa. Empresario alicantino y amigo cercano de Zapatero, administraba la consultora Análisis Relevante S.L., situada en el epicentro de la investigación.

Según el juez, Martínez Martínez actuaba como interlocutor habitual con clientes y empresas interesadas en obtener gestiones o contactos institucionales. El auto sostiene que era también quien ejecutaba instrucciones y organizaba parte de la operativa societaria investigada.

La Audiencia Nacional sospecha que varias sociedades funcionaban como instrumentos para triangular pagos y ocultar el destino final del dinero.

Las sociedades investigadas y la supuesta trama financiera

Zapatero imputado. Uno de los elementos más delicados de la investigación es la presunta utilización de sociedades pantalla y estructuras internacionales para mover fondos fuera de España.

El juez menciona la creación de una sociedad en Dubái, Landside Dubai FZCO, vinculada a una mercantil española administrada por Julio Martínez Martínez. Según el auto, esa empresa habría sido diseñada para canalizar pagos relacionados con el rescate de Plus Ultra y dificultar su trazabilidad.

La resolución judicial considera que ese patrón encajaría en esquemas habituales de blanqueo de capitales: creación de sociedades en territorios de baja transparencia, uso de testaferros y circulación internacional de fondos para desvincular el dinero de su origen.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró este martes 19 de mayo la oficina de Zapatero en Madrid, así como varias sociedades vinculadas al procedimiento, entre ellas Whathefav S.L.

Además de Zapatero, permanecen investigados directivos de Plus Ultra, abogados, empresarios y un banquero peruano presuntamente relacionado con la estructura financiera investigada.

El expresidente del Gobierno deberá declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio en calidad de investigado y asistido por abogado.

¿Qué responde Zapatero?

Zapatero ha negado rotundamente cualquier ilegalidad. En un vídeo difundido tras conocerse su imputación, aseguró que toda su actividad pública y privada se ha desarrollado “con absoluto respeto a la legalidad” y rechazó haber realizado gestiones para favorecer el rescate de Plus Ultra.

“Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra”, afirmó.

También negó haber tenido sociedades mercantiles propias o estructuras empresariales en el extranjero y aseguró que colaborará plenamente con la Justicia.

No es la primera vez que el expresidente socialista rechaza las acusaciones. Ya en marzo, durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, defendió que nunca cobró comisiones de Plus Ultra y sostuvo que únicamente trabajó como consultor para Análisis Relevante, sin conocer —según sostuvo— los negocios paralelos de la empresa con la aerolínea.

¿Qué señalan el Gobierno y el PSOE?

La reacción del actual Gobierno y del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sido de cautela y respaldo político al exlíder del Ejecutivo.

Desde Ferraz se ha apelado a la presunción de inocencia y se ha denunciado lo que consideran una estrategia de “acoso” político y judicial contra el entorno del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque el Ejecutivo evita cuestionar directamente la actuación judicial, dirigentes socialistas han insistido en que la imputación no equivale a culpabilidad y recuerdan que Zapatero niega todas las acusaciones.

Al mismo tiempo, el caso reabre el debate político sobre el rescate de Plus Ultra, una de las operaciones más controvertidas de las ayudas públicas aprobadas durante la pandemia.

¿Qué ocurrirá ahora?

Zapatero imputado. Con el levantamiento parcial del secreto de sumario, las defensas tendrán acceso a miles de documentos, informes policiales, registros y comunicaciones intervenidas durante meses de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama continuarán analizando operaciones bancarias, contratos mercantiles y movimientos internacionales de fondos para determinar si existió realmente una red organizada de tráfico de influencias y blanqueo.

El procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción. Eso significa que la investigación sigue abierta y que, por el momento, no existe una acusación formal ni una condena judicial contra ninguno de los investigados.

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Desaparición de Yulixa Toloza: dos capturados en Cúcuta