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La Unión Europea sanciona a siete chavistas por torturadores

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La Unión Europea sancionará este miércoles a siete  chavistas acusados por torturadores e incursos en violaciones de los derechos humanos.

Los funcionarios sancionados son responsables de la seguridad y los servicios secretos del régimen de Maduro, indicó la agencias AFP.

Los embajadores de los 28 países europeos deben dar el visto bueno a las sanciones. Y con ello se eleva a 25 el número de chavistas sancionados, una decisión que el Consejo de la Unión Europea deberá confirmar de manera formal.

«La mayoría son miembros de los servicios de seguridad y de inteligencia de Venezuela.  Los acusan por torturadores y de otras violaciones de derechos humanos», indicó una de las fuentes, sin revelar su identidad.

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la Unión Europea. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios.

En julio, el canciller español Josep Borrell pidió a la Unión Europea «sanciones» contra responsables de torturas en Venezuela, tras la muerte de Rafael Acosta. Un militar venezolano que murió tras ser torturado dentro de la Dirección de Inteligencia Militar. Le reventaron los órganos a patadas, denunciaron sus familiares y amigos.

Sancionados chavistas por torturadores

Borrell también destacó entonces el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Los europeos son blanco de las críticas de los opositores al régimen de Maduro por no aumentar la presión.

De visita en Bruselas, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, urgió a principios de mes a la Unión Europea a sancionar a más responsables venezolanos.

Hasta la fecha, un total de 18 altos cargos venezolanos políticos y militares, sufrieron sanciones.  Entre ellos están Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, Tarek William Saab y Maikel Moreno.  Algunos tienen a sus hijos y esposas en Europa.

Sus activos bajo jurisdicción europea quedarán congelados y además tendrán prohibida la entrada a los países del bloque. Se desconoce si sus parientes podrían ser detenidos y deportados.

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