Karín Salanova: salvar las escuelas es prioridad nacional

A propósito del inicio de clases anunciado en Venezuela, la exdiputada de la Asamblea Nacional 2015, Karín Salanova, advirtió que salvar las escuelas del colapso estructural no es un debate diferible, sino una condición de gobernabilidad y justicia social prioritaria.

Salanova insistió en que se deben canalizar los recursos extraordinarios de la renta petrolera hacia un fondo transparente, dirigido exclusivamente a la restauración de planteles y centros de salud infantil, con inspecciones técnicas independientes que certifiquen la habitabilidad y seguridad física.

Educación como derecho, no como bandera política

La dirigente señaló que garantizar el derecho a la educación implica superar el enfoque cuantitativo de la matriculación y asegurar que los colegios cuenten con agua, electricidad, programas de alimentación sostenible y atención psicosocial, especialmente tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

«Tiene que instalarse la contraloría social ciudadana, incorporar activamente a las comunidades educativas, comités de protección civil y sociedad civil para la fiscalización y ejecución presupuestaria», subrayó.

Informe crítico de Cecodap

Salanova recordó que organizaciones de protección de la infancia y defensores de derechos humanos han alertado que cualquier proceso de reinstitucionalización o reconstrucción en Venezuela debe priorizar la emergencia escolar.

El informe de Cecodap 2026 diagnosticó que aproximadamente uno de cada tres colegios en el país presenta daños estructurales graves, como filtraciones en losas, techos colapsados y estructuras de riesgo, sumado a la crisis de servicios básicos.

Derechos constitucionales

La exdiputada enfatizó que los derechos de los niños están amparados en la Constitución Nacional, artículos 7 y 8, y deben ser considerados prioridad absoluta.

«Las obligaciones generales del Estado incluyen asignaciones prioritarias de recursos públicos en el presupuesto. Los recursos petroleros no pueden destinarse únicamente a gastos corrientes sin blindar partidas específicas para la protección infantil», concluyó.