Carabobo

Jessy Divo defiende la venta del edificio Majay y Pablo Aure denuncia «remate ilegal»

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En rueda de prensa efectuada junto al vicerrector administrativo, José Ángel Ferreira, además de estudiantes, decanos y personal de la Universidad de Carabobo (UC), la rectora de esta casa de estudios, Jessy Divo, rechazó las acusaciones emitidas por el secretario de la institución, Pablo Aure, las cuales calificó como una campaña de descalificación y difamación sin fundamento legal ni administrativo.

Divo explicó que, tras mantener silencio por recomendación de sus asesores legales mientras el caso avanzaba en instancias jurídicas por cuenta de Aure, ahora la gestión universitaria consideró oportuno presentar un balance detallado a la opinión pública para aclarar la su versión de los hechos, particularmente sobre la comercialización del edificio Majay, ubicado en el centro comercial homónimo en la avenida Bolívar de Valencia.

Naturaleza jurídica de Fundauc y detalles de la transacción

La rectora enfatizó que la Fundación Universidad de Carabobo (Fundauc) posee personalidad jurídica propia, carácter privado y autonomía patrimonial respecto a la UC desde su creación en 1982. Explicó que la institución tiene personalidad jurídica propia, de carácter privado, autónomo, con patrimonio propio distinto al de la UC.

Asimismo, «posee RIF jurídico, del SENIAT, el número J-075352823, con nomenclatura propia de los entes privados que le otorga el tratamiento de contribuyente especial. Lo que la obliga al cumplimiento de tributos propios del sector privado, tales como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y las contribuciones al sistema de pensiones», dijo.

En cuanto al inmueble, Divo precisó que el edificio Majay fue adquirido por la fundación en el año 2021 con el objetivo inicial de instalar su sede administrativa y docente, proyecto que no prosperó debido a la elevada inversión requerida y a la falta de permisología municipal por parte de la Alcaldía de Valencia de ese momento para el uso educativo de la infraestructura.

Respecto a la decisión de la venta del edificio Majay, la rectora expuso los siguientes argumentos:

  • La disponibilidad en caja de la fundación alcanzaba los 25,89 millones de bolívares, monto insuficiente para cubrir compromisos impositivos acumulados por orden de los 30,21 millardos de bolívares entre tributos y servicios básicos.

  • Deterioro del inmueble: el edificio presentaba condiciones de abandono, invasión, filtraciones graves y desmantelamiento.
    Divo recordó que existía la necesidad de restituir a la Arquidiócesis de Valencia el inmueble de Mañongo, donde funcionaba la sede previa de Fundauc. Aseguró que el proceso cumplió con los estatutos de la fundación y contó con la aprobación unánime de su junta directiva. Detalló que se realizó un avalúo profesional mediante una empresa perteneciente al grupo Con Valor, a cargo del ingeniero Sebastián Celis Ojeda —miembro de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela (Soitave) y certificado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)—, el cual fijó el valor del bien en 480.000 dólares.

Posteriormente, la directiva aceptó la oferta más cercana por un monto de 400.000 dólares, en un contexto inmobiliario marcado por la contracción del mercado pospandemia.

Destino de los recursos y acciones legales

La máxima autoridad universitaria aclaró que los fondos obtenidos ingresaron formalmente a las cuentas bancarias de la fundación y se destinaron a la adquisición y acondicionamiento de tres inmuebles en la urbanización El Trigal de Valencia, cuya valoración actual triplica la inversión inicial.

En estas instalaciones funcionan la sede principal de Fundauc y la Fundación Centro de Estudios de las Américas y del Caribe (Fundacelac).

Asimismo, se atendieron las sedes de Puerto Cabello, Maracay y Barquisimeto, aseguró Divo.

La rectora acotó que la operación fue notificada en su momento al Consejo Universitario, según consta en la resolución CU-002 suscrita por el propio secretario Pablo Aure en abril de 2021.

Frente a las denuncias promovidas por el secretario Aure, Divo informó que, en su condición de representante legal de la Universidad de Carabobo, interpuso las acciones correspondientes ante la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Contraloría del Estado y el Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Finalmente, la rectora hizo un llamado a los medios de comunicación a verificar la veracidad de los hechos antes de su divulgación, al tiempo que ratificó que las dependencias administrativas y las actas del Consejo Universitario permanecen a disposición de la comunidad y de los organismos competentes para cualquier proceso de revisión.

Réplica del secretario Pablo Aure: «Fue una confesión de parte»

Tras las declaraciones de la rectora, el secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, fijó posición a través de sus redes sociales, calificando la rueda de prensa como una «confesión de parte» que, a su juicio, confirma las irregularidades denunciadas sobre lo que catalogó como un remate del patrimonio universitario.

Aure sostuvo que el inmueble se comercializó por 300.000 dólares a pesar de contar con un valor estimado de tres millones de dólares, lo que representaría una venta por el 10 % de su costo real. Asimismo, denunció las siguientes presuntas faltas legales:

  • Omisión de permisología estatal: señaló que se prescindió de las autorizaciones obligatorias de la Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip).

  • Naturaleza del ente: calificó como una «ficción jurídica» la pretensión de catalogar a Fundauc como una entidad enteramente privada, argumentando que maneja recursos públicos y está sujeta al régimen legal del Estado.

  • Señalamiento de delitos: afirmó que la admisión de presuntas inconsistencias en los cheques de pago configura un «concurso real de delitos», aludiendo a posibles faltas como peculado, colusión y falsificación.

El secretario concluyó su pronunciamiento manifestando que acudirá ante la Fiscalía y los tribunales para solicitar las investigaciones correspondientes en defensa del patrimonio de la institución.

 

 

 

 

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