Fiscalía imputa a 10 policías por extorsión y otros delitos a productores campesinos

La Fiscalía imputó a 10 policías por extorsión a productores campesinos en los estados Barinas y Portuguesa; además por privación ilegítima y abuso de autoridad que ejercieron contra campesinos; informó este jueves el titular del despacho, Tarek William Saab.

“En las últimas horas, el Ministerio Público ha imputado a 10 funcionarios policiales de los estados Portuguesa y Barinas que realizaron delitos de extorsión, privación ilegítima y abuso de autoridad contra honestos productores campesinos”; escribió Saab en su cuenta de Twitter.

El pasado 21 de abril, el ministro del Interior, Remigio Ceballos, anunció la creación de una “coordinación de seguridad rural nacional”; que debe atender los problemas de violencia e inseguridad que afectan a los productores del campo venezolano.

Fiscalía imputó a 10 policías por extorsión

“Hemos conversado sobre las distintas estrategias que vamos a implementar como un registro nacional. También la protección y los planes que estamos implementando para la seguridad y el transporte de alimentos, el transporte público y la producción de todo el sistema productivo nacional para que llegue de manera segura”; detalló el ministro en declaraciones al canal estatal VTV.

El anuncio tuvo lugar luego de una reunión de trabajo entre las autoridades del país y representantes del sector productivo; entre los que participaron dirigentes del Frente Campesino, La Confederación de Asociaciones De Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) y La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga).

A mediados de marzo, Fedenaga denunció “extorsiones, invasiones” y problemas por falta de combustible en el campo venezolano; exigió al Gobierno de Nicolás Maduro que estas irregularidades sean investigadas.

La federación emitió un comunicado en el que detalló que estos hechos afectan a los propietarios de tierra y ganaderos de los estados Zulia, Bolívar, Falcón y Barinas, donde han podido documentar desvío de combustible, invasiones y “extorsiones judiciales”.

ACN/MAS/EFE

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