La comunidad venezolana en Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia migratoria, tras la coincidencia de cuatro procesos críticos en menos de tres meses.
De acuerdo con el Latino Institute for Security Efficiency (LISE LLC), esta convergencia redefine las reglas para cientos de miles de venezolanos y obliga a revisar cada expediente con rigor extremo, en un contexto en el que ya no existen márgenes para errores procesales.
El Dr. Rolnar Sanabria, exfiscal del Ministerio Público en Venezuela y director ejecutivo de LISE, explicó que el escenario actual está marcado por cuatro frentes independientes que avanzan de manera simultánea.
El primero corresponde al anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitido el 14 de agosto, que eliminó beneficios para 13 países y dejó a más de 500.000 venezolanos —con designaciones de 2021 y 2023— ante una cuenta regresiva que culmina el 2 de octubre de 2026.
A este panorama se suman tres medidas restrictivas aplicadas en apenas 72 días: sanciones a abogados por presentar evidencias fraudulentas, la facultad de USCIS para enviar casos directamente a la corte sin entrevista previa y la eliminación de las Solicitudes de Evidencia (RFE) y las Notificaciones de Intención de Denegar (NOID), lo que habilita negaciones inmediatas desde el primer intento.
El tercer frente se activó el 3 de agosto, cuando se reanudaron los vuelos de deportación con 147 personas, luego de una pausa por los sismos del 24 de junio.
Debido a los daños estructurales en el Aeropuerto de Maiquetía, el avión aterrizó en Barcelona, estado Anzoátegui.
El cuarto elemento corresponde a la deportación hacia terceros países, avalada por la Corte Suprema. Este mecanismo permite trasladar a migrantes a naciones distintas a su país de origen, incluso si poseen órdenes de protección contra la deportación directa a Venezuela.
Liberia confirmó que recibirá hasta 1.200 personas en un año y recibió el primer grupo el 20 de agosto. En total, existen cerca de 24 destinos en África y Latinoamérica habilitados para este tipo de traslados.
La inestabilidad jurídica también impacta la economía familiar y el flujo de remesas hacia Venezuela.
Con la eliminación de filtros administrativos que antes permitían corregir errores, la primera entrega de documentos se convierte en el punto decisivo que determina el futuro legal de cada solicitante.
Ante este contexto, el Dr. Rolnar Sanabria y el jurisconsulto Alexander J. Alfano presentaron el manual Documentos Venezolanos Ante la Corte de Inmigración: Autenticidad, Fraude Documental y Presentación de Evidencias.
La obra examina cédulas, pasaportes, partidas de nacimiento e informes forenses bajo los estándares de admisibilidad judicial de Estados Unidos, como las Federal Rules of Evidence y el estándar Daubert.
El texto ofrece a los profesionales del derecho herramientas para demostrar la autenticidad de documentos legítimos en un entorno en el cual los representantes legales son responsables directos de la integridad técnica de los expedientes.