A más de un mes del motín registrado en el Internado Judicial Yare III, en el estado Miranda, el Ministerio para el Servicio Penitenciario aún no ha explicado por qué hubo privados de libertad con heridas de bala durante los hechos.

Desde el 20 de abril se espera la publicación de los resultados de las investigaciones anunciadas por el Ministerio Público, así como una versión oficial que esclarezca lo ocurrido dentro del penal.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) accedió a testimonios que señalan que el motín comenzó luego de que los reclusos pasaran al menos cinco días sin agua ni comida.

Según los relatos, los internos compartían los pocos alimentos que les quedaban de la paquetería enviada por sus familiares, pero no era suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

A esta situación se sumó que, la noche del domingo 19 de abril, la población del módulo II fue llevada al patio para participar en oraciones con dos pastores evangélicos. En ese momento, funcionarios del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesmas), comandados por un funcionario identificado como “Apolo”, realizaron una requisa en las celdas.

Este conjunto de acciones generó molestia entre los privados de libertad, quienes comenzaron a golpear las puertas en protesta para exigir alimentos, la presencia del director y traslados a otros centros, debido a las precarias condiciones en Yare III. En este penal no hay acceso constante al agua, la alimentación es deficiente y los reclusos denuncian golpizas frecuentes con tablas.

Ante las protestas en los módulos II y III, funcionarios del Sesmas ingresaron con violencia al módulo II y posteriormente solicitaron apoyo del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC), cuerpo táctico del Ministerio para el Servicio Penitenciario. De acuerdo con los testimonios, los efectivos dispararon perdigones y balas contra la población penal.

Además, presuntamente el GRIC habría utilizado un helicóptero durante la arremetida, según los relatos obtenidos por el OVP.

Testigos aseguraron al Observatorio que uno de los impactos de bala alcanzó a Erkin Josué Ramos Flores, uno de los reclusos identificados por el Ministerio Público como fallecido en el único comunicado emitido sobre el caso, sin mayores detalles.

Los internos utilizaron piedras desprendidas de una pared del penal para intentar defenderse, pero los funcionarios los golpearon y atacaron incluso cuando intentaban resguardarse en las celdas.

La situación se prolongó hasta aproximadamente las 4:00 a. m. del día siguiente, cuando fue suspendida la visita. Ante la falta de información, los familiares protestaron para denunciar lo que ocurría dentro del penal, mientras las autoridades realizaban traslados sin previo aviso.

El OVP también documentó que, quince días después de los hechos, aún había familiares que desconocían el estado de salud o el paradero de sus seres queridos. Entre los funcionarios presuntamente involucrados en el ataque figuran Fausto Mata y efectivos del Sesmas identificados con los apodos “el Ciervo”, “Apolo” y “el Tiburón”.

El Observatorio reiteró su exigencia de destitución e investigación del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, por acción y omisión en sus funciones, al considerar que no garantiza el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad y que es responsable de la vulneración de estos derechos.

Según la organización, la única respuesta de García Zerpa ante lo ocurrido fue el traslado de 600 reclusos, medida que —afirman— buscó ocultar a los testigos y heridos, afectando también a sus familiares.

El OVP ha documentado torturas y tratos crueles e inhumanos no solo en Yare III, sino también en centros como INJUBA, Yare II y Rodeo I. Asimismo, ha registrado que la población de Yare III recibe comida en mal estado y un menú no balanceado, con denuncias que indican que los internos solo consumen dos sardinas esporádicamente, granos con mortadela, arroz con mortadela o arepas pequeñas con mortadela.

El Observatorio instó al Ministerio Público a informar sobre el avance de la investigación y explicar por qué hubo internos heridos por armas de fuego.

También solicitó a la Defensoría del Pueblo investigar las denuncias públicas de tortura en Yare III y las condiciones inhumanas a las que son sometidos los reclusos, quienes no tienen acceso a agua potable y deben ingerir agua sucia almacenada en envases, la misma que utilizan para bañarse y bajar la letrina.

El OVP afirmó que continúa documentando lo que calificó como una masacre en Yare III y que ha elevado el caso ante instancias internacionales.

Nota de prensa Observatorio de Prisiones

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