El presidente de Estados Unidos, Donald Trump podrá retirar estatus temporal a migrantes venezolanos. Así lo sentenció la Corte Suprema del país norteño al volver a allanar el camino el viernes 3 de octubre para que el gobierno revoque ese la protección legal para cientos de miles de migrantes venezolanos en el país, respaldando una prioridad clave del mandatario republicano en su política de deportaciones masivas.

Los jueces accedieron a la solicitud del gobierno de suspender el fallo judicial que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los migrantes durante el mandato del predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, mientras se desarrolla el litigio.

La Corte Suprema ya había fallado a favor del gobierno en mayo para levantar una orden temporal que el juez de distrito estadounidense Edward Chen, con sede en San Francisco, emitió en una etapa anterior del caso, la cual había suspendido la terminación del TPS mientras el litigio se desarrollaba en los tribunales. Chen emitió un fallo final el 5 de septiembre, determinando que las acciones de Noem para cancelar el programa violaban una ley federal que rige las acciones de las agencias federales.

La jueza también criticó las «declaraciones discriminatorias» de Noem sobre los venezolanos, señalando que su generalización de los presuntos delitos de unos pocos migrantes «a toda la población venezolana beneficiaria del TPS, que presenta tasas de criminalidad más bajas y mayores tasas de educación universitaria y participación laboral que la población general, constituye una forma clásica de racismo».

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Trump podrá retirar estatus temporal a migrantes venezolanos

El fallo de Chen significó que más de 300.000 venezolanos beneficiarios del TPS podrían permanecer en el país por ahora, a pesar de que Noem había determinado que esto era «contrario al interés nacional», según el gobierno.

Trump ha hecho de la represión de la inmigración, tanto legal como ilegal, un pilar central de su segundo mandato presidencial y ha tomado medidas para despojar a ciertos migrantes de las protecciones legales temporales, ampliando así el número de posibles deportados.

El programa TPS es una designación humanitaria bajo la ley estadounidense para países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes, que brinda a los beneficiarios que viven en Estados Unidos protección contra la deportación y acceso a permisos de trabajo.

El gobierno estadounidense, bajo la administración Biden, designó a los venezolanos como elegibles para el TPS en 2021 y 2023. Apenas unos días antes de que Trump regresara al cargo en enero, la administración Biden anunció una extensión del programa hasta octubre de 2026.

Noem, designada por Trump, rescindió dicha extensión y procedió a poner fin a la designación del TPS para un subgrupo de venezolanos que se habían beneficiado de la designación de 2023.

Tribunal de San Francisco se negó a suspenderlo

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco, se negó a suspender el fallo final de Chen, lo que provocó críticas de la administración, que lo calificó como un desafío a la Corte Suprema, dada la acción previa de los jueces en el caso.

«Este caso es familiar para la corte e involucra el fenómeno cada vez más común e insostenible de que los tribunales inferiores ignoren las órdenes de este tribunal en el expediente de emergencia», declaró el Departamento de Justicia a la Corte Suprema en su presentación.

Algunos tribunales inferiores han expresado confusión y frustración en las últimas semanas al intentar cumplir con las órdenes de emergencia de la Corte Suprema, que a menudo se emiten con poco o ningún razonamiento legal.

«Las órdenes de este tribunal son vinculantes para los litigantes y los tribunales inferiores. Ya sea que estas órdenes ocupen una sola oración o muchas páginas, ignorarlas, como lo hicieron los tribunales inferiores en este caso, es inaceptable», declaró el Departamento de Justicia.

Otro caso

En otro caso, el 30 de mayo, la Corte Suprema permitió que la administración revocara un tipo diferente de estatus legal temporal para cientos de miles de migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.

Los jueces suspendieron la orden de otro juez que había detenido la iniciativa de la administración de poner fin a la «libertad condicional» migratoria otorgada bajo el mandato de Biden a 532,000 de estos migrantes mientras se resolvía una impugnación legal.

La libertad condicional de inmigración es una forma de permiso temporal bajo la ley estadounidense para estar en el país por «razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo», que permite a los beneficiarios vivir y trabajar en los Estados Unidos.

ACN/MAS/Reuters

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