Internacional
Comunidad internacional condena represión en Venezuela tras informe de Naciones Unidas
La Comunidad internacional condena represión en Venezuela, tras la presentación de un informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos ayer lunes 22 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, documento que confirma represión sistemática y la comisión de crímenes internacionales después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, países y organizaciones internacionales condenaron las violaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
La presidenta de la misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, aseguró que Venezuela sigue cometiendo el crimen de persecución por razones políticas y destacó que ninguna institución nacional ha mostrado capacidad para prevenir, sancionar o reparar las violaciones. “La única esperanza de justicia para las víctimas recae en la comunidad internacional”, afirmó.
También puede leer: EE. UU. cita cooperación con República Dominicana y dice que el Caribe apoya el despliegue militar
Comunidad internacional condena represión en Venezuela
La Unión Europea expresó profunda preocupación por las detenciones arbitrarias y pidió la liberación inmediata de presos políticos y defensores de derechos humanos. España se sumó a esta postura, denunciando que mantiene cuatro ciudadanos y 16 personas con doble nacionalidad detenidos de manera arbitraria en Venezuela.
Argentina calificó de desaparición forzada el aislamiento de detenidos extranjeros, mientras que su embajador, Carlos Mario Foradori, evocó el caso del gendarme Nahuel Gallo, aún bajo custodia. Chile describió el informe como prueba de una “reactivación de la represión” en Venezuela. Paraguay y Perú también denunciaron hostigamiento, desapariciones y encarcelamientos de opositores, con Lima reclamando por dos ciudadanos peruanos detenidos.
La OEA criticó que un año después de las elecciones no se hayan publicado las actas de recuento y denunció que 25 muertes vinculadas a protestas electorales permanecen impunes.
Aunque Brasil mostró preocupación por los arrestos de carácter político, también expresó inquietud por las sanciones contra Venezuela, a las que atribuyó impactos humanitarios. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva también alertó sobre recientes ataques estadounidenses contra supuestos barcos de narcotraficantes venezolanos, que calificó como posibles “ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales”.
Solo un reducido grupo de países –Irán, Rusia, Corea del Norte y Zimbabue- salió en defensa del gobierno de Maduro, cuestionando la legitimidad de la misión de Naciones Unidas y condenando las sanciones internacionales contra Venezuela.
Evidencia de represión y ejecuciones…
El informe de la misión de la ONU detalla que, de las 25 muertes registradas tras las protestas electorales, se documentaron 14 con pruebas suficientes, en 12 de las cuales estuvieron implicadas fuerzas de seguridad.
Valiñas relató que en Maracay, estado Aragua, militares dispararon munición real contra manifestantes, causando seis muertes, entre ellas la de una persona alcanzada por una escopeta a menos de 10 metros de distancia.
Un año después, la Fiscalía venezolana no ha imputado a agentes de seguridad y ha responsabilizado a la oposición, lo que la misión calificó de encubrimiento. “Hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”, denunció Valiñas.
ACN/MAS/El Nacional
No deje de leer: Casa Blanca responde carta de Caracas y reafirma su posición
Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
No deje de leer: Maestro José Carmelo Calabrese dirigió clausura de Festivando en Bogotá
-
Carabobo16 horas agoGobernador Lacava anunció colocación de más de mil 500 toneladas de asfaltado en autopista Muelles-El Palito en Puerto Cabello
-
Economía15 horas agoCarabobo participó en mesa de trabajo presidencial para potenciar comercio exterior
-
Deportes8 horas agoVenezuela gana oro en esgrima, escuestre y tiro para pasar las 20 doradas en CAC 2026
-
Nacional17 horas agoLlegan a Venezuela 16 toneladas de ayuda humanitaria desde Brasil


