Internacional
EEUU desplegó ocho buques de guerra cerca de Venezuela (+ video)
EEUU desplegó ocho buques de guerra cerca de Venezuela por el Caribe y el Pacífico cercanos a varios países de América Latina, entre ellos Venezuela, en lo que representa un aumento significativo de su presencia militar en la región.
La operación fue descrita como una “misión antinarcóticos reforzada” con el objetivo de interdicción de drogas, según declaró un funcionario de defensa a The Washington Post. Sin embargo, la medida también ha despertado sospechas de que podría ser utilizada como presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir el llamado Cartel de los Soles.
La flota incluye tres destructores, dos buques de desembarco, un crucero, un buque de asalto anfibio y un buque de combate litoral. Los destructores llevan a bordo destacamentos de la Guardia Costera y agentes del orden, encargados de realizar operaciones de detención en interdicciones de drogas.
EEUU desplegó ocho buques de guerra cerca de Venezuela
Entre los buques de guerra desplegados destacan el USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio con más de 2.500 marines y el crucero USS Lake Erie, con capacidad de lanzar misiles de crucero Tomahawk.
Los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, tienen sistemas avanzados de vigilancia y combate. Mientras que el USS Minneapolis-St. Paul es un buque de combate litoral en el Caribe.
La Armada no especificó dónde operarán exactamente los buques de guerra, salvo que están patrullando el Caribe y a la espera de órdenes más específicas. Los destructores «no están cerca de la costa de Venezuela», afirmó el funcionario.
No está claro qué tipo de acción militar
Si bien no está claro qué tipo de acción militar se podría tomar contra los carteles de la droga en la región, las conversaciones han abarcado desde el uso de destructores de la Armada para lanzar misiles contra líderes o infraestructura de los cárteles hasta una colaboración más estrecha con las autoridades mexicanas para combatir a las organizaciones criminales, informó The Washington Post este mes.
Para algunos miembros de la oposición venezolana, el movimiento de buques de guerra parece indicar un intento de la administración Trump de presionar al gobierno de Maduro.
“El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel narcotráfico, y Maduro, según la opinión de este gobierno, no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país”, declaró recientemente la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Reacción de Maduro
El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó movilizando 15.000 soldados a la frontera con Colombia y convocando a millones de milicianos para “defender el territorio nacional” en caso de una agresión.
“Nadie debe tocar el territorio venezolano porque es nuestro”, afirmó Maduro, quien difundió imágenes de milicianos jurando lealtad en un acto televisado.
El mandatario también anunció la liberación de algunos presos políticos, aunque los motivos del gesto no fueron aclarados. De acuerdo con la ONG Foro Penal, más de 800 personas siguen detenidas por razones políticas en Venezuela.
Washington mantiene doble estrategia
A pesar de que Trump ha elevado la presión militar, su administración renovó la licencia a Chevron para operar en Venezuela y continúa coordinando vuelos de deportación semanales, con casi 8.000 venezolanos retornados desde febrero.
Analistas como Carolina Jiménez Sandoval (WOLA) consideran que la medida busca “intimidar políticamente al régimen de Maduro” sin llegar a un conflicto militar directo.
Geoffrey Ramsey (Atlantic Council) coincidió en que Washington no pretende una intervención armada a corto plazo, pero Maduro aprovecha la retórica para proyectar fuerza interna.
ACN/MAS/The Washington Post
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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