Internacional
Condenan a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria
Condenan a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria tras haber sido declarado culpable de fraude procesal y soborno a testigos, este viernes 1 de agosto.
El expresidente colombiano se declaró inocente y su defensa ya había anticipado que presentará un recurso de apelación.
La sentencia se dio a conocer en el juzgado 44 penal de Bogotá, cuatro días después de que la jueza Sandra Heredia declarara culpable al exmandatario de los mencionados delitos. Heredia había absuelto a Uribe de otro cargo por presunto soborno a una fiscal.
Uribe, de 73 años, quien gobernó Colombia de 2002 a 2010, es el primer expresidente del país en ser condenado penalmente.
El inicio del caso se remonta a 2012, cuando Uribe, del hoy opositor partido Centro Democrático, acusó al senador Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, de querer vincularlo con la creación de un grupo paramilitar. Desde entonces, Cepeda rechaza los señalamientos.
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Condenan a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria
La situación dio un giro en 2018, cuando la Corte Suprema de Colombia determinó abrir una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.
Tras años de indagatorias y de recursos legales de la defensa de Uribe, en mayo de 2024 la Fiscalía de Colombia lo acusó formalmente de tres delitos: fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno.
La acusación dio paso a un juicio que duró 67 días y concluyó esta semana.
Uribe sostuvo su inocencia a lo largo de todo el proceso, una postura en la que lo respaldaron políticos como el también expresidente Iván Duque y otros políticos de la oposición. En contraparte, figuras cercanas al Gobierno festejaron el fallo, que consideraron una muestra de justicia.
La noche del martes, en una entrevista con el programa Conclusiones, de CNN, Cepeda celebró la decisión y agregó que sabe que al caso aún le quedan otras instancias. “Hay todavía camino por andar”, dijo el senador.
ACN/MAS/CNN
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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