Nacional
Muertos 22 presos políticos desde 2015, denuncia OVP
Muertos 22 presos políticos desde 2015, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ayer lunes 21 de julio, todos bajo custodia del Estado, debido principalmente a la falta de atención médica oportuna, diagnósticos errados y condiciones inhumanas de detención.
De la cifra, revelada en el más reciente informe de la organización Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramienta de tortura, tres fallecieron el año pasado en menos de un mes.
“Desafortunadamente, en nuestras prisiones, las autoridades esperan al último momento para atender al detenido, sin importar el cuadro clínico que presente, y el desenlace son pérdidas de vidas humanas”. Señaló la organización.
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Muertos 22 presos políticos desde 2015…
El OVP también denunció que los cuerpos de estos presos los enterrados bajo custodia de funcionarios estatales, sin permitir el acompañamiento ni la denuncia pública de los familiares.
“Después, los familiares los presionaron para no hacer más declaraciones a los medios. Inferimos que fue con la intención de que no continúen denunciando las arbitrariedades”. Agrega el informe.
Protestas y represión tras elecciones
Muertos 22 presos políticos desde el 2015. Al menos cuatro los arrestados tras las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro, resultado rechazado por la oposición y parte de la comunidad internacional.
Ante la gravedad de los hallazgos, el OVP pidió que se investiguen las muertes bajo custodia “de forma independiente, oportuna e imparcial, garantizando el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familiares, así como la implementación de garantías efectivas de no repetición”.
«El encarcelamiento no puede ser una sentencia de muerte, menos por actos de conciencia», indicó el informe.
Sometidos a tratos degradantes
Asimismo, la organización reveló que muchos de los presos políticos son sometidos a tratos degradantes y torturas, que van desde recibir comida descompuesta y en mal estado hasta la negación de atención médica.
El OVP documentó que algunos de los detenidos han perdido más de 15 kilos de peso debido a las condiciones de reclusión, en las que apenas reciben agua para consumo dos veces al día. Muchos presentaron dolores estomacales, evacuaciones, restricción de acceso a medicamentos y negación de traslados hospitalarios.
Además, los presos políticos también son castigados con aislamiento prolongado e incomunicación forzada. De acuerdo con el informe, se registró la suspensión de visitas por al menos 45 días, en algunos casos, alrededor de 700 presos políticos han estado incomunicados por dos meses y a otros se les ha negado el contacto familiar por más de seis meses.
El OVP exhortó al Estado venezolano a garantizar una alimentación adecuada. Así como el acceso efectivo y urgente a la salud para los privados de libertad, mediante atención médica, suministro de medicamentos y traslados de emergencia.
Situación alarmante en la cárcel Rodeo I
La cárcel del Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, estuvo desalojada desde 2018 hasta 2024. El 19 de febrero de 2024 se registró el primer traslado, de aproximadamente 45 presos políticos, a sus instalaciones, según información extraoficial obtenida por el Foro Penal. El 4 de abril de 2024 se documentó otro numeroso traslado.
Aunque no hay cifras oficiales, el OVP calcula que en la actualidad hay entre 50 y 60 presos políticos recluidos en esta prisión.
Desde que iniciaron los traslados, familiares, organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos denunciaron los casos particulares de los privados de libertad. Especialmente la afectación directa a su salud; deteriorada por el encierro y las condiciones de reclusión.
Familiares aseguran que los presos en este lugar permanecen en celdas solitarias de 2×2 metros, sin ventilación, en la que solo hay una cama de cemento, una colchoneta de goma espuma y una letrina. La alimentación, aunque la provee el Estado, no es suficiente ni balanceada, pues mayormente solo se consumen arepas sin relleno.
Aislamiento prolongado
Los detenidos son sometidos a aislamiento prolongado y tienen cero contacto físico. Además, realizan actividad física limitada, son expuestos a altas temperaturas y están propensos a contraer enfermedades bacterianas, gastrointestinales y de la piel.
Cuando necesitan alguna medicina, los familiares se las entregan a los custodios, quienes son los encargados de almacenarlas y dárselas cuando lo consideran. Según el informe, hay presos políticos que tienen hasta 15 días continuos con diarrea, otros con hongos en los pies y continúan bajando de peso, mientras su salud mental se deteriora dolorosamente.
El personal de la cárcel no está identificado, solo portan un uniforme negro, capuchas negras, y en el brazo izquierdo una distinción con un seudónimo. Las visitas son intimidatorias, carecen de privacidad y no hay contacto directo entre el recluso y su familiar, con una duración de 10 a 20 minutos.
Gobierno niega la existencia de presos políticos
El gobierno de Nicolás Maduro ha negado reiteradamente que en Venezuela existan presos políticos. Sostiene que los encarcelados son personas acusadas por la comisión de delitos graves, postura rechazada por múltiples ONG, activistas y partidos de oposición, quienes han documentado sistemáticamente detenciones arbitrarias, tortura y criminalización de la protesta.


ACN/MAS/El Nacional
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Nacional
Trata de personas: Defensoría del Pueblo insta a verificar ofertas laborales y vigilar redes sociales
La Defensoría del Pueblo desplegó este jueves 30 de julio una jornada de concienciación u orientación con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, alcanzando 60 puntos del Área Metropolitana de Caracas y otros 13 estados de Venezuela.
Unos 200 funcionarios defensoriales sensibilizaron a más de 5.000 ciudadanos y servidores públicos en 37 municipios de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, La Guaira, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Zulia y la capital.
El operativo incluyó plazas, centros comerciales, campamentos transitorios, hospitales, terminales de pasajeros, pasos fronterizos y sedes de la administración pública.
Para la ejecución de estas actividades, las defensorías delegadas articularon esfuerzos con más de 90 organismos regionales y municipales, con foco en el centro-norte y las zonas fronterizas del país.
En la capital, más de 20 funcionarios brindaron atención en la Plaza Luis Brión de Chacaíto, la Plaza La Candelaria y las inmediaciones del terminal La Bandera, orientando a los transeúntes sobre los factores de riesgo, las señales de alerta y los mecanismos de denuncia ante sospechas de trata.
Vulnerabilidad ante emergencias y canales digitales
La directora general de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la institución, Emiselys Duarte, explicó que el contexto generado por el doble evento sísmico del pasado 24 de junio incrementa la vulnerabilidad de la población.
Advirtió que la separación familiar, los desplazamientos y la reubicación temporal son factores que las redes criminales aprovechan para la captación.
“En medio de la desesperación, las personas pudieran tomar decisiones que no sean las más adecuadas”, señaló Duarte.
Por su parte, la defensora delegada especial para la Trata de Personas, Milet Muñoz, recordó que este delito no solo abarca la explotación sexual o laboral, sino también la mendicidad forzada.
Muñoz instó a madres, padres y representantes a supervisar la actividad de niños, niñas y adolescentes en plataformas digitales y redes sociales. Asimismo, recomendó a quienes vayan a trasladarse verificar ofertas laborales o de alojamiento antes de aceptarlas.
“El derecho más valioso que tenemos es la libertad; es precisamente el primero que perdemos cuando nos convertimos en víctimas de trata de personas”, afirmó Muñoz.
Cobertura en estados fronterizos y regiones
En los estados Táchira, Zulia, Bolívar y Apure, los equipos abordaron pasos binacionales y terminales terrestres para capacitar a ciudadanos, conductores y cuerpos de seguridad en la identificación de patrones de riesgo.
En Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, La Guaira y Barinas, las actividades se centraron en arterias viales y plazas principales; mientras que en Amazonas, Anzoátegui, Miranda y Monagas se dictaron talleres a funcionarios de Protección Civil, cuerpos policiales, alcaldías e instituciones educativas como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
La Defensoría del Pueblo recordó que mantiene habilitados sus canales de atención telefónica: la línea 08000-PUEBLO (08000-783256), operativa de lunes a domingo entre 8:30 a. m. y 10:00 p. m., y los números 0424-1384164 y 0424-1384168, disponibles las 24 horas.

Con información de nota de prensa
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