Política
Se cumplieron 300 días de la detención del periodista y político, Biagio Pilieri
El pasado miércoles 25 de junio, se cumplieron 300 días de la detención del coordinador nacional del partido político Convergencia, Biagio Pilieri.
Así lo denunció la tolda tricolor al recordar que el también periodista, permanece aislado en la cárcel El Helicoide en Caracas.
Durante estos 300 días, Pilieri no ha tenido acceso a la visita familiar ni de sus abogados, por lo que Convergencia lamentó que se violen todos sus derechos fundamentales y tratados internacionales.
Destacó que Pilieri es reconocido por la dirigencia opositora como un hombre íntegro, de firmes valores democráticos y que su único delito ha sido trabajar por la reinstitucionalización de Venezuela.
Convergencia también denunció que siga privado de libertad el abogado y miembro de la dirección nacional, Eduardo Torres; y los dirigentes Vladimir Araujo y Doresky Rojas.
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Política
Ocariz: A 33 días del sismo, la solidaridad no sustituye la responsabilidad del Estado
El dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz, cuestionó este lunes a la administración de Delcy Rodríguez por la falta de un plan público, detallado y verificable para la reconstrucción del estado La Guaira y demás entidades afectadas, a un mes y dos días del doblete sísmico registrado en la costa norte del país el pasado 24 de junio.
“¿Cuál es el plan? A 33 días de la tragedia no hay claridad. Países que han vivido situaciones similares como Japón, Chile, Nueva Zelanda o Estados Unidos presentan planes de reconstrucción a 10 años en las primeras tres semanas posteriores a un terremoto”, señaló Ocariz.
El vocero de la organización política sostuvo que el evento del 24 de junio marcó un antes y un después para la nación. Recordó que, según cifras oficiales, el saldo es de 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y 856 edificios afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.
“Detrás de cada número hay una familia, la pérdida de un hijo, de un hogar. No es un problema de números”, precisó.
En este sentido, reconoció el valor, la tenacidad y la solidaridad de la respuesta ciudadana, pero remarcó los límites del voluntariado:
“Hemos visto una inmensa calidad humana, pero la solidaridad de los venezolanos no puede sustituir la responsabilidad del Estado”.
Frente a los anuncios oficiales que calificó de «generales», Ocariz exigió respuestas concretas sobre el destino de los damnificados y las edificaciones en riesgo. Respecto a la vivienda y refugios, preguntó dónde se construirán las nuevas casas, bajo qué criterios de asignación y cuánto tiempo permanecerán las familias en esos espacios.
Asimismo, sobre los 856 edificios afectados, cuestionó cuáles son seguros, cuáles se demolerán y quién asumirá el costo de las reparaciones.
En relación con el financiamiento, indagó a cuánto asciende el presupuesto real, al tiempo que señaló que el fondo de 340 millones de dólares del FMI es insuficiente frente a las estimaciones del Banco Mundial, que calculan los daños en más de 20.000 millones de dólares. “¿Quién pondrá esos recursos y qué organismo los manejará?”, agregó.
Para abordar la contingencia con transparencia, Ocariz presentó una propuesta estructurada en cinco ejes clave:
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Registro público e informe técnico: un catastro abierto de inmuebles afectados y un estudio exhaustivo sobre las fallas de suelo en Vargas.
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Cronograma público de reconstrucción en tres etapas:
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Estabilización (0 a 6 meses): contempla limpieza de escombros, contención de zonas inestables y diseño técnico.
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Reconstrucción (6 a 24 meses): edificación de viviendas, rehabilitación de escuelas y obras mayores de infraestructura.
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Recuperación sostenible (2 a 5 años): prevé el desarrollo urbano, fortalecimiento institucional y prevención permanente.
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Fondo transparente: creación de un fondo de reconstrucción normado por ley.
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Incorporación de la academia: participación de colegios profesionales, sociedad civil y universidades, a la par de las acciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
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Atención integral: restablecimiento prioritario de servicios públicos, centros de salud y planteles educativos.
“Esto no es una postura política, es una visión de país. Médicos, bomberos, rescatistas y jóvenes han demostrado su disposición de colaborar. Nuestro compromiso es liderar y participar, pero el Estado debe actuar con claridad. Viene la etapa más difícil: reconstruir las viviendas, los servicios y, sobre todo, la confianza”, concluyó el dirigente.

Con información de nota de prensa
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