Internacional
Panamá suspende garantías constitucionales por fuertes protestas y disturbios
El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, ha anunciado la suspensión de las garantías constitucionales y el «estado de urgencia» durante cinco días en la provincia caribeña de Bocas del Toro –fronteriza con Costa Rica– ante las protestas en la zona que han dado lugar saqueos de comercios y el bloqueo de carreteras, unos disturbios provocados en respuesta a la reforma de pensiones aprobada en marzo.
«Ante la ruptura del orden y los actos de violencia sistemática, el Estado hará valer su mandato constitucional de garantizar la paz, el orden y el respeto a los derechos fundamentales de la mayoría de los panameños. Es por ello que el Gobierno Nacional ha decidido declarar la emergencia y suspender las garantías constitucionales en todo el territorio de la provincia de Bocas del Toro por el término de cinco días, a fin de restablecer la paz y el orden», ha declarado en rueda de prensa Orillac.
Ya el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advertía de una reunión en la que se valoraría «tomar acciones constitucionales» en la provincia donde se han registrado ataques contra edificios públicos, comercios e incluso el aeropuerto de la región.
La Policía de Panamá ha implementado la operación Omega
Las protestas comenzaron en el mes de abril y el Gobierno decretó el Estado de emergencia el pasado 27 de mayo. Asimismo, la Policía de Panamá ha implementado la operación Omega, con el despliegue de 1.500 efectivos, para hacer frente a esta oleada de protestas cuyo objetivo es «garantizar el libre tránsito y la seguridad de la ciudadanía», sobre todo ante el bloqueo de rutas con árboles por parte de los manifestantes.
Esta misma semana el Gobierno ha aprobado una ley para mejorar las condiciones de los trabajadores de la industria bananera gracias a la cual se habían conseguido acabar con ciertos bloqueos, sin embargo, otros sectores como los educadores y grupos indígenas han liderado estas nuevas protestas y han vuelto a ocupar las calles de la región, según informa el diario ‘El Siglo’.
«Los ministros de Comercio e Industria y de Trabajo dialogaron con los trabajadores y representantes sindicales del sector bananero durante aproximadamente tres semanas, adquiriendo el compromiso de presentar un proyecto de ley propuesto por el sector con la condición de reabrir las vías de manera total», ha aseverado el ministro de la Presidencia.
Con información de: ACN/ EUROPA PRESS
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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