El Foro Cívico señala que “la legitimidad democrática del poder pasa por respetar la soberanía popular”, según el comunicado publicado en sus redes sociales este 16 de enero.

La organización, que se define como un espacio autónomo de encuentro, articulación y acción, conformado por personas y organizaciones sociales de distintos campos de la vida nacional, sostiene que en el mes de julio “12.386.669 venezolanos acudimos a las urnas para contarnos, expresar nuestro deseo de cambio, designar libre y pacíficamente a nuestros representantes. El mandato refrendado por la mayoría debe ser asumido por sectores políticos llamados a la reconstrucción del espacio político”.

Agregaron en su mensaje a través de sus redes sociales, que el derecho a la protesta consagrado en la Constitución “ha sido respondido con un endurecimiento sin precedentes ni justificación de la represión, persecución y amedrentamiento de activistas sociales y políticos y sus familias, así como de periodistas; con detenciones arbitrarias de voces disidentes y negación de las garantías más elementales de un debido proceso”.

“Quienes conformamos el Foro Cívico continuaremos trabajando desde nuestros espacios naturales, promoviendo el encuentro entre venezolanos, fomentando el trabajo colectivo, colaborativo y solidario entre personas y organizaciones en pos de concreciones”, afirman en su comunicado.

Finalmente señalan que su compromiso “es persistir en el trabajo conjunto por la restauración del Estado de derecho, la racionalidad democrática, la paz posible, el respeto de la voluntad popular como expresión de la Soberanía Nacional, y por la plena vigencia de los derechos humanos de todos los venezolanos”.

A continuación, el comunicado completo del Foro Cívico.

El pueblo venezolano se movilizó con espíritu cívico el 28 de julio de 2024 para expresar su deseo de transformación del país, y sigue exigiendo el respeto a su voluntad, lo que implica una verificación transparente de los resultados electorales.

El Consejo Nacional Electoral no cumplió con su obligación de publicar resultados en forma tabulada como parte integral del proceso de totalización de resultados.

Tal incumplimiento, además de contrastar con una práctica que, normada por los artículos 150 y 155 de la LOPRE, se ha hecho regular en cada elección, es reflejo de graves omisiones legales y operativas por parte del ente rector.

Confiar en la autoridad de la institución como regulador de estos procesos es imposible si no se garantiza transparencia en los procedimientos, cálculos y emisión de resultados, garantizada a su vez por la serie de auditorías ciudadanas y técnicas estipuladas como requisito inobjetable para la proclamación de un candidato como ganador.

Esa transparencia que genera certidumbres a la sociedad es principio inherente al respeto de la soberanía popular y la legitimidad democrática del ejercicio del poder.

De allí que la juramentación de un candidato como presidente en ejercicio sin haber cumplido con lo estipulado en la Constitución, las leyes y reglamentos electorales, haya generado contundente rechazo tanto en el país como en el mundo.

Reparar el daño estructural y profundo que eso produjo en la confianza hacia la institución electoral y el voto -herramienta democrática insustituible para definir soberanamente el destino de una República, que cobra mayor relevancia cuando se trata de dirimir un largo conflicto y habilitar cambios sin violencia- es una necesidad que impone desde ya el más arduo de los desafíos, la restitución de la legitimidad del sistema democrático.

El derecho a la protesta ciudadana consagrado en el artículo 68 de la CRBV ha sido respondido con endurecimiento sin precedentes ni justificación de la represión, persecución y amedrentamiento de activistas sociales y políticos y sus familias, así como de periodistas; con detenciones arbitrarias de voces disidentes y negación de las garantías más elementales de un debido proceso.

Aún más grave, se han detenido a ciudadanos comunes por el simple hecho de ejercer y defender sus derechos políticos.

El Foro Cívico exige poner fin a todas las detenciones injustas y arbitrarias, continuar con las liberaciones de las personas privadas de libertad por razones políticas y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión.

En este sentido valoramos el regreso a Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como una gestión pertinente en medio del complejo contexto: una que implica la incorporación y asistencia de observadores multilaterales e imparciales de las acciones del Estado en el territorio, así como las liberaciones recientes de menores de edad y otras personas detenidas injustamente tras el 28 de julio.

Urge que se mantengan y profundicen los canales de colaboración con la OACNUDH de manera constructiva y efectiva, así como con los mecanismos regionales y globales que apoyan una solución negociada y democrática a la crisis.

El pasado 28 de julio 12.386.669 venezolanos acudimos a las urnas para contarnos, reconocernos en nuestra diversidad, manifestar nuestro deseo de cambio, ejercer nuestro derecho a elegir en libertad, sumar voluntades por el restablecimiento del Estado de Derecho y, en atención a la garantía constitucional que confiere el ejercicio de la soberanía, designar libre y pacíficamente a nuestros representantes.

Ese mandato refrendado por la mayoría debe ser asumido por todos los sectores políticos, quienes poniendo a los venezolanos en el centro de sus agendas, están llamados a la urgente reconstrucción del espacio político y la edificación de garantías institucionales compartidas. Una aspiración sólo posible cuando dichas garantías se basan en el reconocimiento mutuo y normas claras de convivencia democrática, que den paso pronto y definitivo a la renovación del sistema político en su conjunto y, con ello, a la plena reinstitucionalización del Estado y al respeto de la Constitución de la República vigente, hoy gravemente vulnerada.

En atención a este objetivo estamos llamados a encontrarnos y sumar esfuerzos los diversos actores que en Venezuela defendemos la vigencia de los valores democráticos, así como los actores regionales e internacionales. A estos últimos, aliados invaluables en medio de esta comprometida situación, los exhortamos a seguir facilitando una interlocución eficaz en aras del cumplimiento de la norma constitucional y, por ende, de la consecución de una salida democrática bajo la conducción de los propios venezolanos.

Rechazamos los llamados a intervenciones de fuerzas internacionales, así como cualquier propuesta de solución que anticipe todavía más sufrimientos, amenazas a la vida y daños irreversibles para una población cada vez más desmejorada.

El apoyo internacional es clave en el esfuerzo por encontrar el camino hacia una solución pacífica y democrática a la dificultad que se ha agravado notablemente desde el 28J en adelante, así como para restaurar las capacidades del Estado y dar respuesta a las demandas del pueblo de Venezuela.

Quienes conformamos el Foro Cívico continuaremos trabajando desde nuestros espacios naturales, promoviendo el encuentro entre venezolanos, fomentando el trabajo colectivo, colaborativo y solidario entre personas y organizaciones en pos de concreciones.

La aspiración es poder hacer llegar estas demandas a las instancias de ejecución y sensibilizar a los actores responsables de la toma de decisiones, proponer ideas compartidas y fortalecer capacidades para abordar las necesidades urgentes de una población que sufre las consecuencias de la profundización de la crisis política.

El compromiso es persistir en el trabajo conjunto por la restauración del Estado de Derecho, la racionalidad democrática, la paz posible, el respeto de la voluntad popular como expresión de la Soberanía Nacional, y por la plena vigencia de los derechos humanos de todos los venezolanos.

Caracas, 16 de enero de 20252