Internacional
Derrumbe en mina colombiana deja dos fallecidos
Un derrumbe registrado a las 9:30 a.m. de este lunes en la mina San Antonio, municipio Santander de Quilichao, Colombia dejó dos personas fallecidas y dos heridos, según confirmó la oficina de prensa del departamento de Cauca.
En la mina se encontraban 10 personas trabajando de forma ilegal la excavación del oro cuando se produjo el derrumbe. Según las autoridades este yacimiento no cuenta con los permisos reglamentarios para ser explotada.
Oscar Campo, gobernador de Cauca, anunció por su cuenta de twitter @1oscarcampo “Dimos instrucciones a la @OAGRD_Cauca para accionar mecanismos frente a situación en la Mina San Antonio del municipio de Santander de Quilichao donde se presentó un derrumbe que deja varias personas atrapadas. Acompañamos a los organismos de socorro en la zona.
El jefe de Oficina de Gestión de Riesgos del Departamento indicó «Estamos trabajando Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Ejército en la zona, sin embargo es importante que las autoridades establezcan acciones que eviten que este tipo de situaciones sigan presentándose»
Las autoridades competentes se encuentran trabajando para recuperar los cuerpos y rescatar a los sobrevivientes.
La extracción del oro está prohibida
Andrés García, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Santander de Quilichao hizo un llamado a la Agencia Nacional de Minería para que haga un estudio en la zona del derrumbe.
El funcionario indicó que la actividad de extracción de oro en esas minas está prohibida y que se hizo un sellamiento, por lo cual quienes adelantan ese proceso en los socavones lo hacen de manera ilegal.
«No es el mismo sitio donde se han presentado emergencias, pero sí el mismo sector. A pesar de que está prohibido, la comunidad sigue trabajando», dijo García.
El último hecho se presentó en abril de 2016, cuando un hombre murió mientras extraía oro de un socavón. Y en mayo de 2014, también fallecieron 12 trabajadores cuando un alud los sorprendió.
ACN/CNN/El Tiempo
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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