El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que en el marco de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público respecto al caso de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco se solicitaron órdenes de aprehensión contra siete personas que coadyuvaron en la adjudicación directa de maquinarias y servicios para la empresa mixta Petropiar a fin de beneficiar a una serie de compañías externas.

Así lo dio a conocer la tarde de este miércoles 31 de enero durante un pronunciamiento que hizo en el auditorio de la sede principal de la institución, situada en la avenida México de Caracas, en el cual manifestó que con tales diligencias se determinó que los investigados habrían maquillado cifras en la producción de crudo con el uso del agua, y propiciarían condiciones para afectar el desempeño de la petrolera o crear falsas emergencias.

Entre los investigados figuran el presidente, el gerente general, así como las gerentes de Contratación y de Finanzas de Petropiar, Pedro Enrique Coronil Trejo, Aníbal José Velásquez Marcano, Yecenia del Carmen Alemán Aguilera y Evelin Rosario Quijada, respectivamente.

Además fue solicitada la aprehensión del director adjunto de la Faja Petrolífera del Orinoco, Lorenzo del Valle Aguilera Rodríguez; la socia de la empresa Servicios y Construcciones Amunza C.A, Patrizia José Amundarain Guzmán y el propietario de Inversiones Proluxo C.A., Javier Rengel Moros.

En este sentido, Saab explicó que estas personas en complicidad le daban celeridad a negociaciones con empresas concertadas, a las cuales les fueron otorgados contratos con grandes márgenes de sobreprecio que finalmente eran cancelados a través de órdenes de servicio para que los mismos pasaran inadvertidos.

Igualmente, reveló que dichas negociaciones irregulares las registraban en el sistema SAP de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sin código alguno y muchas de estas carecían de expedientes que constataran su realización.

Al respecto, el Fiscal General recordó que por este caso fueron detenidos y judicializados el año pasado cuatro gerentes de la citada asociación mixta luego del proceso de delación al que se sometió Manuel Sosa, por su vinculación con el otorgamiento de contratos por la compra de bienes y servicios con sobreprecio y adjudicaciones directas a varias compañías.

Del mismo modo, el máximo representante del Ministerio Público reveló que estas irregularidades fueron en cierto modo avaladas por los directores Adjunto y Ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, y el vicepresidente de Exploración y Producción, Lorenzo Del Valle Aguilera Rodríguez, Pedro León y Orlando Chacín, respectivamente; los dos últimos privados de libertad.

Adicionalmente, nombró al gerente general de Petropiar, Aníbal Velásquez Marcano, quien, como los antes mencionados, tenía conocimiento de tales operaciones irregulares.

También informó que fueron solicitadas órdenes de allanamiento contra las firmas Clariant Venezuela, S.A.; Constructora Tampa C.A; Taller Vivolo C.A.; Construcciones Locurcio c.a. Servicios y Mantenimiento de Flota Colina Alta, C.A., Desarrollo Tecnológico y Servicios (DTS) C.A.; Producciones Alan, Servicios y Construcciones Amunza C.A. e Inversiones Proluxo C.A, las cuales estarían relacionadas con los aludidos hechos ilícitos.
Los representantes de estas compañías estarían incursos en los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir.

Tarek William Saab aprovechó la oportunidad para enfatizar que en la 3º fase de investigación adelantada por esta trama de corrupción, que afectó estructuralmente la producción de Pdvsa y el patrimonio de la Nación, se han recabado argumentos de carácter judicial para develar estas nuevas anomalías y seguir con el proceso de saneamiento en la industria petrolera.

Trama de corrupción en Petrocedeño

Entretanto, en el caso de corrupción en Petrocedeño se encuentra vinculado Jesús Ramón Figueroa, presidente de esa filial petrolera, quien también está siendo solicitado desde el 10 de noviembre de 2017 por su presunta relación con la causa del barco chatarra, que duró un 60% del tiempo sin uso pero igualmente cobraba con sobreprecio, según lo expuso Saab.

El también presidente del Consejo Moral Republicano sostuvo que cuando Figueroa se desempeñaba en la dirección de Pdvsa Servicios S.A. se hizo el convenio por siete años para la embarcación Petrosaudi Saturn, el cual tuvo un costo de más de 1.175 millones de dólares, a pesar de pasar la mayor parte del contrato inoperativa.

En otro orden de ideas, indicó que tras diversas diligencias se corroboró la existencia de un correo electrónico por parte de Figueroa, de fecha 19 de diciembre de 2017, en el cual informaba a los trabajadores que en su ausencia dejaba facultado al gerente general de la empresa, Oswaldo Arrioja, para que firmara documentos en su nombre a objeto de que los procesos siguieran su curso.

El alto funcionario lamentó esta situación argumentándola como parte de acciones ilegales, al tiempo que agregó que se dejaron entrever irregularidades con la cual manejaban los procesos, pues en el comunicado Figueroa afirmó que todas las operaciones electrónicas seguirían bajo su responsabilidad.

Por otra parte, hizo hincapié en el proceder ilícito de Arrioja, quien sin autorización o nombramiento de una junta directiva efectuó actividades administrativas y operacionales como es el caso de adjudicaciones directas por medio de cartas de compromiso, que fungen como un aval de pago para las empresas por sus servicios o la comercialización de equipos e insumos a Pdvsa.

El Fiscal General acotó que este tipo de operaciones solo pueden ser autorizadas por el presidente de la filial, sin embargo Arrioja hizo caso omiso de ello.

En virtud de lo citado se solicitó la aprehensión de Figueroa por la comisión de los delitos de evasión, peculado doloso propio y asociación, mientras que para Arrioja por los citados tipos penales, así como usurpación.

Para finalizar sus palabras, Saab puntualizó que con esta lucha emprendida desde la institución se ha logrado detener la escalada masiva de estas tramas de corrupción que han atentado contra la petrolera.

Paralelamente, las nuevas irregularidades detectadas en la Faja Petrolífera del Orinoco son contrarrestadas con acciones enmarcadas en la búsqueda de la verdad en pro del bienestar socio-económico de la Nación.

Esta nueva gestión del Ministerio Público permanece comprometida con una lucha desplegada contra quienes han querido enriquecerse ilícitamente afectando el desarrollo económico del país, para ello se mantendrán este tipo de investigaciones y vastos operativos que persiguen judicializar estos hechos, insistió Saab.

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Fuente: Ministerio Público