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Saqueo en PDVSA por miles de millones de dólares revela demanda en Miami

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Saqueo en PDVSA por miles de millones de dólares revela demanda en Miami: Una demanda presentada en Miami contra Lukoil, Glencore y decenas de otras empresas del sector petrolero, traza un gigantesco entramado de corrupción, saqueo que le habría costado a Venezuela miles de millones de dólares y que involucra manipulación en los precios de crudo, espionaje electrónico y hasta presuntos vínculos con carteles de la droga.

Según la demanda introducida a nombre del fondo “PDVSA US LITIGATION TRUST”, en el centro de la red de corrupción se encuentran dos ex operadores de la estatal Petróleos de Venezuela, quienes conspiraron en el saqueo con las empresas del sector energético para manipular las licitaciones.

Los venezolanos Francisco Morillo y Leonardo Baquero junto con los otros integrantes de la conspiración “pagaron sobornos a empleados de PDVSA” para defraudar a la empresa estatal y obtener los contratos, señala uno de los documentos presentados en el tribunal.

Morillo y Baquero, quienes contaban con oficinas en Miami, habrían iniciado sus operaciones de saqueo en el 2004, al registrar en Panamá la firma de consultores Helsinge Inc., La suiza Glencore y la rusa Lukoil, aparecen en la lista de más de 40 demandados al igual que BAC Florida Bank, con sede en Coral Gables.

Arrestado ministro chavista envía mensaje a trabajadores de industria petrolera

El ex ministro chavista de Petróleo de Venezuela, Eulogio Del Pino, hombre importante del régimen de Nicolás Maduro que fue arrestado el jueves por la mañana en el marco de una investigación de corrupción, envió un mensaje por Twitter a los trabajadores de la industria petrolera diciéndoles que no deben sentirse avergonzados por el trabajo que realizaron. Eulogio Del Pino

“Las pérdidas para PDVSA y las ganancias obtenidas por los acusados como resultados de la fechorías de Helsinge Enterprise suman varios miles de millones de dólares”, alega la demanda.

En el documento se alega que Baquero y Morillo suministraban información privilegiada al resto de los operadores petroleros para que pudieran obtener los contratos de exportación de crudo de PDVSA, así como los de compra de petróleo que realizaba la propia empresa venezolana.

Esa información era obtenida a través de la clonación de computadoras en PDVSA que brindaban información a tiempo real de las licitaciones. El servidor espejo de Helsinge se encontraba en Miami.

ACN/@elnuevoherald.com

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ONU pide investigar a Venezuela por “impunidad generalizada e inacción del Estado”

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pide investigación internacional sobre Venezuela;  ya que, según cifras citadas en un informe, el 87 % de la población de Venezuela;  está afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema;  y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil;  dada la “impunidad generalizada” y la inacción del Estado.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein;  recomendó hoy que la Corte Penal Internacional (CPI) “se implique”;  en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela;  dada la “impunidad generalizada” y la inacción del Estado.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad;  de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos;  existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”;  afirmó Zeid en un comunicado.

87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza

Según cifras citadas en el informe, el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza;  el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema;  y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.

La Oficina de Alto Comisionado publicó hoy;  su segundo informe a distancia -las autoridades le deniegan el acceso al país- sobre la situación en Venezuela;  en el que se denuncian cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias;  uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas;  y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad.

Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias;  perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP);  entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017.

La Fiscalía General registró 505 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante las OLP;  que según las fuentes de la Oficina seguían el mismo patrón;  incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los “criminales” sin orden judicial;  y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.

La Fiscalía inició 373 investigaciones de agentes;  pero a día de hoy no hay información sobre ninguna de estas.

Asimismo, el informe documenta la muerte sin investigación de 43 reclusos;  en una cárcel del Amazonas.

La impunidad generalizada

El informe denuncia también la aparente “impunidad generalizada;  en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas;  durante las protestas de 2017”.

De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal General;  contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal.

Según las informaciones recabadas;  al menos 280 personas han sido “arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas;  por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno”.

Además, el informe documenta unos 90 casos de personas detenidas;  que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014;  lo que “en muchos casos puede llegar a constituir tortura”.

“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad;  por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado;  sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, aseguró Zeid.

“Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardas y los equilibrios institucionales:  así como el espacio democrático en Venezuela;  lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar”, agregó el responsable.

El texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país;  y acusa al Gobierno de Venezuela de “ignorar” su dimensión.

Según cifras citadas en el informe;  el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza;  el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema;  y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.

Gráfica principal: El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein // FOTO EFE/ Martial Trezzini

ACN/EFE

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