Nacional
Liceístas exigen seguridad y otras garantías para seguir educándose en Venezuela
El Movimiento de Juventudes de Voluntad Popular respaldó a los factores liceístas durante una protesta a las afueras del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en Caracas, donde los jóvenes exigieron al régimen de Nicolás Maduro garantizar un futuro digno a la juventud para que cese la deserción estudiantil y combatir la inseguridad que prevalece en las afueras de los liceos venezolanos.
A través de boletín de prensa, el representante del Movimiento Estudiantil Liceísta (MEL), Kenny Zabala, informó que la deserción estudiantil se ha agravado en un 90% durante los últimos años. Entre los motivos destacó la inseguridad, la escasez de alimentos y las pocas posibilidades de surgimiento que tienen los jóvenes venezolanos actualmente.
“Estamos cansados de la deserción estudiantil que cada vez es más grave; se calcula en un 90%, ya que de 60 estudiantes que pueden asistir a una sección, solo 30 lo hacen y solo el 10% se gradúa. Se nos están cayendo encima los planteles. También, por falta de alimentos muchos jóvenes no están asistiendo a clases, porque no tienen que comer y por la inseguridad que vivimos”.
Recordó a los jóvenes que fueron brutalmente asesinados durante las protestas del año 2017. Además, exhortó al resto de los jóvenes a no abandonar el país, salir adelante, y continuar la lucha contra el retraso y la perversión que hoy reina en Venezuela.
Por su parte, Anderson Pérez, miembro de la Unión Venezolana Liceísta (UVL), convocó al resto de los estudiantes a una caminata que se realizará este sábado 07 de abril desde la Plaza Francia de Altamira en honor a los jóvenes asesinados durante las manifestaciones del año pasado. Asimismo, invitó al resto de los factores liceístas al Gran Congreso de Juventudes que se llevará a cabo este 19 de abril y que contará con la participación de jóvenes venezolanos de todo el país.
“Estamos aquí jugando un rol importante para denunciar la crisis y lo que vivimos. No quiero que aquí se olviden las muertes de los estudiantes que cayeron durante las protestas en el año 2017. No merecemos estar viviendo así. No queremos decidir entre salir, o quedarnos aquí y morir. ¡Todos los jóvenes estamos dispuestos a sacar a este país adelante!”.
Marlene Piña Acosta con boletín de prensa /ACN
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Nacional
Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días
La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.
“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.
Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.
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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido
El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.
En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.
“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.
Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.
Víctima del “retardo procesal”
Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.
Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.
ACN/MAS/EFE
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