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“Cabello ejerce directamente su poder sobre jueces” dicen medios en salsa

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Cabello
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La inexistente de autonomía de poderes en el país hace imposible un proceso judicial transparente. La Patilla, El Nacional y Tal Cual son medios venezolanos que enfrentan demandas de Diosdado Cabello por difamación sin garantías de un desenlace justo.

“Cabello ejerce directamente su poder sobre los jueces en Venezuela. No tienen la menor autonomía, que son provisionales”, aseguró Manuel Puyana, director de la junta directiva de Tal Cual.

La reproducción de una información publicada por el diario español ABC sobre presuntos vínculos de Diosdado Cabello con el narcotráfico. Es la causa que condujo a estos tres medios a enfrentar un juicio. Se trata de dos demandas, una civil que en caso de perder el litigio deberán cancelar millonarias indemnizaciones.  Y el otro penal, si ese fallo no los favorece pueden ir a prisión.

La disputa legal de Cabello contra tres medios

El pleito legal contra El Nacional, Tal Cual y La Patilla es similar a la que enfrentó el periódico The Wall Street Journal. Sin embargo en ese caso la demanda emitida por Diosdado Cabello no generó los frutos que él esperaba.  El motivo es que hay independencia de poderes en Estados Unidos.

Por haber difundido una información similar a la que divulgó The Wall Street Journal. La justicia venezolana determinó régimen de presentación periódica contra los miembros de las juntas directivas de los tres medios mencionados.

En el año 2015, en The Wall Street Journal, publicaron un contenido en donde vinculan al segundo al mando del chavismo con narcotráfico. El abogado de Tal Cual, Humberto Mendoza D’Paola, explicó que “en los Estados Unidos, la difamación no es considerada una ofensa criminal”.

En relación con el proceso, Humberto Mendoza D’Paola, no se mostró muy optimista. El nuevo juez que conoce el caso “no nos ha concedido nada; parece que estuviera mandado contra nosotros”.  En resumen no hay garantías de un proceso judicial apegado a las leyes de la Constitución.

ACN/El País

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Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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