Artículo de @mauxi1: Protección  civil y ambiental

El constituyente de 1999 dedicó el Capítulo IX del Título III de nuestra Carta Fundamental a los derechos ambientales, actuando en concordancia con una poderosa corriente mundial, cuya expresión se encuentra tanto en la doctrina como en el derecho positivo.

La Constitución de la República entonces establece regulaciones en materia ambiental, consagrando  normas universales, todo lo cual es importante porque todos interactuamos con ello nos parezca o no, ya que  cada generación tiene el derecho y el deber “de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro” y “disfrutar de una vida y un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”, de allí que se  deriven obligaciones al Poder Público, como promotor, garante y vigilante de esa normativa.

En este aspecto, la Constitución consagra toda una variedad de derechos y deberes ambientales en los artículos 127, 128, 129, tales como la implantación de la educación ambiental en todos los niveles, cláusulas contractuales de protección y respeto hacia las normas ambientales, derecho al disfrute de ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; la protección a la diversidad biológica, entre otros, normas estas que reconocen el derecho a toda persona a disfrutar de la vida y del ambiente en estos términos.

Es oportuno recalcar que la materia ambiental es una obligación fundamental del Estado, en todos los ámbitos del poder público (nacional, estadal o municipal), en lo central y en lo descentralizado; proteger el ambiente, la diversidad biológica, genética, procesos ecológicos, espacios como los parques nacionales, monumentos naturales y otras áreas de importancia.

En particular, el artículo 127 constitucional expresa, de manera clara, no sólo a los derechos y deberes de la población, sino el papel fundamental del Estado venezolano, como garante de un ambiente libre de contaminación para los ciudadanos. En este sentido, el binomio derecho-deber atribuido a la población gira en torno a dos elementos fundamentales: 1.- la protección y mantenimiento del ambiente para las presentes y futuras generaciones y 2.- el derecho a disfrutar de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, situación que implica a su vez la obligación de contribuir a través de una participación activa en el mantenimiento de estas condiciones ambientales favorables.

Luego, en el mismo articulado se establece que es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos. Esto solamente es posible con la participación activa de la sociedad para que la población pueda desenvolverse en ambientes sanos y protegidos por el esfuerzo mancomunado y permanente de los particulares con el sector público. Igualmente se ordena al Estado desarrollar una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, y por último el artículo 129 obliga a la realización de estudios previos de impacto ambiental y sociocultural cuando se pretenda la realización de actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas.

En materia de ambiente, además el artículo 156, ordinal 23 de la Constitución, atribuye al poder nacional competencia exclusiva en cuanto a las políticas nacionales y la legislación en materia ambiente y agua por lo que los estados y municipios solo tiene competencias residuales o concurrentes en las políticas  municipales en la materia.

En este sentido, de conformidad a lo consagrado en la Carta Magna, se consagra esta materia como una competencia concurrente del Municipio, a saber:

“Artículo 178. Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:

…..4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.…”

 El artículo 178.4  atribuye forma exclusiva a los municipios, en cuanto concierne a la vida local, competencias en materia de protección de ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental. Por otro lado,  el artículo 184 de la Constitución, además, confirma la competencia del Estado y municipios en materia de servicios ambientales, esto es, limpieza, recolección y tratamiento de residuos.

Adicionalmente, a los municipios también les corresponde en especial la protección y defensa civil y la prevención y extinción de incendios y la prevención y acción inmediata en caso de accidentes naturales o de otra naturaleza, comunicaciones, terremotos, epidemias otras enfermedades contagiosas conforme al artículo 66 de la Ley. Sin embargo, el artículo 55 de la constitución garantiza el derecho de toda persona a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulada por la ley, frente a situaciones que constituyen amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, su propiedad, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La norma asigna al Estado la obligación de proteger. En consecuencia esta aplicación corresponde, concurrentemente, a la República, a los estados y a los municipios, como lo confirma expresamente el artículo 332 de la Constitución, tanto por lo que se refiere a la policía como a la administración de riesgos y emergencias al indicar que la función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente. Eso lo confirma, además cuando el artículo 184 de la Constitución reconoce como competencia de los estados y los municipios la materia de prevención y protección vecinal.

Esto implica, también, una concurrencia de competencias en materia administración de riesgos y emergencias el artículo 156.9 que atribuye el poder nacional el régimen de la administración de riesgo y emergencia, y el artículo 332 que encarga al ejecutivo Nacional, de conformidad con la ley, organizar un cuerpo de bomberos administración de carácter civil y una organización de protección civil y administración de desastres como parte de los órganos de seguridad ciudadana, la misma norma considera como una competencia concurrente de los estados y municipios la función de los órganos seguridad ciudadana por lo que aquellos, conforme a los artículos 148 y 164.8 y 178.4, 5 y 7, de conformidad con la legislación nacional pueden establecer los servicios respectivos.

Por otro lado, la Ley Orgánica del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial N° 5.833 Extraordinario.de fecha 22 de diciembre de 2006 es el marco regulatorio, debiendo aquél perfilar su radio de acción a partir de los lineamientos de la Carta Fundamental y este texto normativo.Al respecto establece la coordinación y armonía como principios de las competencias locales y se orienta a una gestión ambiental enmarcada dentro de  los principios del desarrollo sustentable y dirigido al ejercicio de los deberes y derechos del Estado venezolano para garantizar el máximo bienestar de la población y el establecimiento de las normas que garanticen el cumplimiento de los derechos ambientales establecidos en nuestra Carta Magna. Las disposiciones y principios de esta Ley  marco, tienen por objeto contribuir con la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta en interés de la comunidad en general.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece esta competencia ambiental como una competencia propia siendo en realidad una competencia concurrente, siguiendo el criterio jurisprudencial, es decir, compartida por todas las esferas de poder público, bien sea nacional, estadal o municipal, por lo que el Poder Nacional y los estados facilitarán a los municipios los apoyos técnicos y los recursos que se requieran para cumplir con estas funciones, cosa que dados los problemas políticos no ocurre, afectando de manera determinante la calidad de vida del ciudadano. Todo ello a los efectos de la promoción de actividades y la prestación de servicios públicos que contribuyen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad en materia de protección al ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental, se requiere además, una normativa municipal que contenga y describa ilícitos de todas aquellas actividades culposas o dolosas susceptibles de degradar el ambiente y sus respectivas sanciones para quienes las infrinjan.

De esta manera la LOPPM establece expresamente:

“Artículo 56

Son competencias propias del Municipio las siguientes:

….2. La gestión de las materias que la Constitución de la República y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas siguientes:

……d. La protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental; la protección civil y de bomberos; y el aseo urbano y domiciliario, incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos.

 Así la Ley le asigna al municipio competencias relacionadas con la materia ambiental, inmersas dentro de la ordenación urbanística, de manera que a través de ordenanzas y otros instrumentos jurídicos se legisle  sobre estas  materias, protección al ambiente y saneamiento ambiental; tal es el caso del aseo urbano y domiciliario, competencia de vital importancia, puesto que de allí se generan gran cantidad de asuntos de interés local, como el catastro, control urbanístico, arrendamientos inmobiliarios, transporte y tránsito terrestre, tributación, servicios públicos; ya que interactúan para el desempeño del quehacer diario en la vida municipal.

Por otro lado, el Artículo 64 de la Ley establece que a los municipios les corresponde la protección del medio ambiente y lo relativo a la salubridad pública, suministro de agua y el tratamiento de las aguas residuales, de modo que deben participar en la formulación de la política nacional o estadal en materia ambiental, cosa que francamente no ocurre. Sin embargo, los municipios tienen a su cargo la gestión de la materia de los residuos urbanos y de las aguas residuales, la basura, todo lo cual se ha convertido en un dolor de cabeza para los municipios en general dado el alto costo de la recolección y disposición de los mismos. Con relación a la intervención contra los ruidos molestos, el control de las emisiones de los vehículos que circulen por el ámbito municipal, así como el establecimiento de los corredores de circulación para el transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, se han aprobado ordenanzas que regulan la materia pero que son absolutamente ineficaces a la hora de su implantación ya que se requiere de la adquisición de tecnología costosa para ello.

En orden al cumplimiento de esta competencia, los Municipios se encuentran frente al reto de generar una Ordenanza de Gestión Ambiental, a través de la cual se regulen aspectos tales como:

1.-Ordenación urbana con criterio ambiental.

  1. Identificación, diagnóstico y recuperación de los pasivos ambientales.
  2. Fomento del uso de tecnologías limpias, del uso de equipos de bajo consumo eléctrico y de reducción de residuos, aprovechamiento de aguas grises para su empleo en usos no potables.
  3. Reducción de riesgos y adaptación al cambio climático.
  4. Instrumentos fiscales e incentivos económicos a implementarse.

Estas leyes locales deben considerar el manejo de temas como la conservación y saneamiento ambiental, más allá del simple barrido de calles y avenidas para su recolección y posterior traslado; fomento de la participación ciudadana, con tareas de educación y formación; uso de materiales de construcción más ecológicos; acciones con las autoridades de seguridad ciudadana o protección civil en la aplicación de normas sobre riesgos socio naturales y tecnológicos; manejo de animales como macotas o en situación de calle; dotación de servicios públicos como el agua; reforestar o repoblar zonas urbanas con las especies vegetales adecuadas,  entre otros. Y generar igualmente  instancias para la atención ambiental de cara a los ciudadanos a los efectos de velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente en la materia.

Igualmente en este sentido y en cumplimiento al orden constitucional y legal, es un deber ineludible del municipio, en materia de protección civil, garantizar  la seguridad de los ciudadanos y la protección del medio ambiente que los rodea. En ese orden se hace imprescindible incorporar el tema de riesgos como parte integral  de la gestión municipal de manera de institucionalizar los mecanismos de protección del estado a los efectos de la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres socio naturales y sus consecuencias, por lo que se hace necesario una eficiente consolidación de una dirección de protección civil en el municipio, a los efectos de  mejorar la capacidad organizativa y de respuesta inmediata en la prevención y atención de desastres.

Hasta el día de hoy este ámbito de acción municipal luce negado o abandonado, aun cuando es más que evidente en la realidad venezolana que la gestión municipal es más efectiva y eficiente en sus competencias y en las materias que gestiona, que la administración nacional y  centralizada.

A lo largo de nuestra existencia hemos conocido campañas en pro del ambiente; incluso de reciclaje, algunas tienen que ver con la basura en playas o ríos, otras son en beneficio de los parques nacionales o  contaminación sónica en las ciudades. En fin, siempre hay gente preocupada por la preservación de espacios naturales o artificiales para nuestra calidad de vida, bien sea en el sector privado o público. Estos esfuerzos hay que aplaudirlos y apoyarlos porque van dirigidos hacia un cambio de conductas o hábitos que, sin duda redundan en nuestra calidad de vida y existencia biológica.

Sin embargo, dada la relevancia del ambiente y de las funciones ecológicas y paisajísticas, es importante disponer de un  conjunto de disposiciones dirigidas al mantenimiento y mejora del sistema de vegetación urbana municipal con el  objetivo de preservar su rol como garante de las  condiciones básicas para lograr  bienestar sustentable de la población humana, de esta manera se debe garantizar el mantenimiento sus funciones en la ecología y el paisaje  urbano municipal.

Por lo que la gestión municipal es esencial, para la propagación y el fortalecimiento de una auténtica democracia y para el logro de una gestión pública efectiva que resuelva problemas sentidos, mejore las condiciones indeseables en materia de ambiente e integre a la ciudadanía a estos efectos.  Por tanto existe una responsabilidad ineludible y fundamental del Municipio en asumir la gestión ambiental, especialmente en los casos en que ellas proveen servicios socio-ambientales esenciales como agua, biodiversidad, turismo, recreación y deporte.

MARIA AUXILIADORA DUBUC P.-

@mauxi1