Artículo @JuanPGuanipa: Dictadura en implosión

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Un régimen que decide desconocer un poder público electo por la mayoría del pueblo, que interviene en la designación irregular de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que controla el poder electoral y el judicial, así como parte del poder ciudadano, que utiliza esos poderes para violar groseramente la Constitución con el único fin de mantenerse en el poder sin apoyo popular, es una dictadura. Este régimen es una dictadura y los ciudadanos debemos tratarla en consecuencia.

 

Cuando los gobiernos comienzan a pervertirse, y este es el caso, de sus mismas entrañas surgen voces disidentes que pueden convertirse en un factor fundamental en la búsqueda de la restitución del orden constitucional. Es por eso que de diversos poderes han surgido posiciones de rechazo al intento de hacer una Asamblea Nacional Constituyente no sólo sin el pueblo, sino contra el pueblo. Hemos visto a Magistrados del TSJ que alzan su voz en contra de las pretensiones maduristas, diputados del Gran Polo Patriotico que forman una fracción que rechaza al régimen y habla de la defensa de los ideales chavistas, según ellos, amenazados por el sucesor. También se han escuchado opiniones de militares activos y retirados, así como de voceros del PSUV que han mostrado resistencia al cambio constitucional de la forma violenta como se pretende.

 

Mención aparte merece la Fiscal General de la República, especialmente por la naturaleza del cargo que ostenta. Cuando el Fiscal General de cualquier país habla, el ciudadano debe poner mucha atención porque se trata del garante de la legalidad y del titular de la acción penal, por sólo mencionar dos importantes funciones del Ministerio Público. Las actuaciones de la Fiscal, reseñadas por los medios de comunicación, evidencian un definitivo deslinde de alguien que hasta ahora había sido, en público -no sé en privado-, solidario con la gestión gubernamental iniciada hace 18 años.

 

Recuerdo sin esforzar la memoria que la Fiscal inició todo esto con su reacción ante las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ con las cuales, según ella misma, se rompió el hilo constitucional y se atentó en contra de la forma de Estado prevista en la Constitución de 1999. Luego hizo una carta en la que argumentaba que Venezuela no necesitaba una ANC que no iba a solucionar sino a profundizar los problemas del país. Posteriormente asumió con claridad las causas de la muerte del joven Pernalete, con lo cual se enfrentaba a la posición oficial que encubría a la Guardia Nacional. Más tarde interpuso ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de aclaratoria de la sentencia en la que la Sala avalaba la ANC y menoscababa la progresividad de los derechos humanos.

 

Por último y en un escaso lapso de cuatro días hábiles, interpuso ante la Sala Electoral del TSJ un recurso de nulidad en contra de las actuaciones del CNE, interpuso en la Sala Constitucional un recurso de nulidad del acto de designación de los magistrados express que tanto hemos combatido en la Asamblea Nacional y solicitó el antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional.

 

Tres actuaciones sumamente duras que reflejan que la Fiscal está clara en la necesidad de frenar la locura de Constituyente que intentaría acabar con los conceptos más preciados de la institucionalidad democrática para justificar la permanencia en el poder de un pequeño grupo de delincuentes a quienes nada les importa la crisis que han generado, la ineficiencia en el ejercicio del poder, la generación de muerte producto de esa ineficiencia, la corrupción,la destrucción institucional del país y la instauración de una dictadura que no podemos permitir.

 

Así que la mayoría popular que rechaza este despropósito, los centenares de miles que salimos a diario a las calles, debemos renovar nuestra esperanza, seguir fuertemente en las calles y recibir con los brazos abiertos a quienes han generado esta oportuna implosión. ¡Sigamos adelante Venezuela!

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